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Gobierno de Aguascalientes 'entierra' contratos y presupuesto de publicidad

La administración de Carlos Lozano de la Torre reserva por los próximos cinco años los documentos sobre servicios contraídos y por contraer en los últimos tres meses que quedan de la administración.
mar 06 septiembre 2016 06:00 AM
Carlos Lozano de la Torre
Carlos Lozano de la Torre El gobierno de Aguascalientes a través de la Coordinación de Comunicación Social ha destinado millones de pesos del erario público a difusión,. pero se niega a informar en qué y cómo lo aplica.

El gobierno de Aguascalientes, a través de la Coordinación de Comunicación Social, reservó por los próximos cinco años todos los contratos de servicios de difusión contraídos y por contraer en los tres meses que restan al sexenio del mandatario Carlos Lozano de la Torre.

Aunque la administración, que concluye el próximo 30 de noviembre, ha destinado más de 352 millones de pesos del erario público a difusión según los Presupuestos de Egresos de 2011 a 2016, dicha coordinación se negó a informar cómo y en qué los ha aplicado.

El pasado 17 de agosto, la Coodinación de Comunicación Social emitió un acuerdo de reserva en respuesta a una solicitud de información presentada por Expansión. En él, clasifica el contenido de los contratos firmados del 1 de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2016, bajo el argumento de que darlos a conocer pondría en riesgo a la administración estatal y a terceros.

También afirmó que revelar las tarifas especiales que recibe de los medios de comunicación y publicitarios que contrata, daría una ventaja comercial a sus competidores.

“Los proveedores de servicios dejarían de ofrecer al gobierno del estado tarifas preferenciales por servicios de difusión y, por otro lado, los proveedores de servicios podrían demandar al gobierno del estado por la revelación de secretos comerciales, lo que impactaría el presupuesto del gobierno del estado en materia de servicios de difusión entre un 30 y un 60 por ciento”, argumentó en el documento, sin referir estudios técnicos o financieros que respalden su estimación.

Lo que sí reconoció en el acuerdo, es que todos los contratos de difusión incluyen una cláusula de confidencialidad. Ni el nombre de la persona física o moral que presta el servicio, ni el monto que se le pagará con recursos públicos pueden hacerse públicos.

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“El interés mayor de la población no versa sobre los medios de difusión que se están contratando, sino en el monto global presupuestado y ejercido en materia de difusión por parte del gobierno del estado, siendo esta información pública y a disposición de la ciudadanía”, señaló el acuerdo de clasificación.

A pesar de que se le solicitaron versiones públicas, Comunicación Social consideró que la reserva por cinco años es “el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio”.

Otros contratos ocultos

Esta no es la primera vez que el gobierno encabezado por Lozano de la Torre oculta los contratos de difusión, las negativas de acceso que al menos suman otras tres, comenzaron después de que se le permitió contratar estos servicios sin someterlos a licitación.

En agosto y octubre de 2015, se solicitaron las copias de algunos contratos. En marzo de 2016 se hizo lo mismo. En los tres casos justificó la negativa de acceso con un acuerdo de reserva emitido desde 2011.

En el primer acuerdo, argumentó que los contratos solicitados contenían “información de particulares recibida por la administración pública bajo la promesa de reserva” o que la información podría “generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero”.

Sin embargo, la última vez que Comunicación Social dio acceso a esa información fue en junio de 2015, cuando dicho acuerdo de clasificación ya estaba vigente.

La versión pública del contrato que entregó en esa ocasión consignó que el 7 de febrero de 2014, el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones aprobó un lineamiento que permite al gobierno estatal contratar espacios en medios de comunicación y publicitarios por adjudicación directa.

Este lineamiento eliminó las excepciones previstas en la Ley Patrimonial del estado para adjudicar directamente contratos de difusión: la existencia de derechos exclusivos, cuando se pusiera en peligro la seguridad, la economía, el orden social, la salubridad o el ambiente de alguna zona del estado. También exentó al gobierno de Aguascalientes del requisito de realizar estudios de rating o alcance para justificar la contratación con medios impresos y electrónicos, como prevé la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad.

Para que se aprobara el lineamiento, la Coordinación de Comunicación Social afirmó que los participantes en una licitación de espacios en radio televisión no compiten por los contratos en igualdad de circunstancias porque “cada uno de los medios seleccionados manejan ratings y amplitud de transmisión determinados y por tanto exclusivos”.

“Los radios de acción (y) alcances de circulación de cada medio es diferente. Incluso en ocasiones es urgente avisar, comunicar o difundir acciones inmediatas de la actividad gubernamental, que hacen imposible someter tales contrataciones a un procedimiento de adquisición por los plazos previstos para su desahogo por las disposiciones legales aplicables”, señaló en cuanto a medios impresos, digitales y espacios publicitarios.

Además, a pesar de que dispone de tiempo aire sin costo en las frecuencias de Radio y Televisión de Aguascalientes, argumentó que tener a disposición continua e inmediata servicios de difusión evitaría gastos adicionales y extraordinarios.
Bajo la figura de adjudicación directa, indicó se podrían aprovechar precios preferenciales ofrecidos por las empresas de comunicación y publicidad al contratar servicios en paquete.

Desde que se autorizó ese lineamiento, el gobierno de Aguascalientes ha presupuestado 189.7 millones de pesos para difusión, de acuerdo con los presupuestos de egresos de 2014 a 2016.

ONGs consignan opacidad

Según las organizaciones Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación, el gobierno de Lozano les negó esta información cuando la solicitaron para realizar el Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial de las Entidades Federativas.

De 2011 a 2014, Aguascalientes fue calificado con dos de los cinco puntos posibles en ese estudio.

Las organizaciones consignaron la reducción en 57% del gasto ejercido en publicidad oficial, pero también la dificultad para conocer el gasto real en comunicación y difusión gubernamental, ya que la información está en poder de más de una dependencia.

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