El acceso a la transparencia en QRoo, en aprietos por ‘extinción’ de dependencia

El derecho al acceso a la información de los ciudadanos quintanorrenses se encuentra limitado, luego de que el gobierno de la entidad, bajo el mando de Roberto Borge Angulo, “extinguió” la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública como parte del proceso de homologación con la legislación federal.

El acuerdo de extinción, publicado el pasado 29 de julio en el Periódico Oficial estatal , a menos de dos meses de que termine la presente administración y se haga la transición al gobernador electo Carlos Joaquín, se prestó a “malas interpretaciones”.

Así lo aseguró José Orlando Espinosa Rodríguez, consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (el órgano garante), quien detalló que la eliminación de la Unidad de Transparencia es una obligación que marca la nueva ley de transparencia local y la general.

“Posiblemente no fue en el mejor tiempo porque está el cambio (de administración) y se presta para malas interpretaciones”, afirmó ante las críticas que se suscitaron después de conocerse la presunta desaparición.

El gobierno del estado ha afirmado que la eliminación de la unidad no afectará el acceso a la información porque ésta será absorbida por la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría de la Gestión Pública, además de que se crearán unidades de transparencia por cada dependencia como sucede en el ámbito federal.

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Cynthia Dehesa Guzmán, presidenta de la organización Ciudadanos por la Transparencia, y actual enlace del programa de transparencia y anticorrupción del proceso de transición del gobernador electo Carlos Joaquín, comentó que la medida tiene preocupados a muchos ciudadanos y que aunque la medida legal, es altamente grave, por ocurrir antes de la entrega-recepción de la administración estatal lo que “genera muchas dudas”

“Que desaparezcan la unidad que te estaba dando información para remplazarla por unidades que apenas están empezando va a dificultar, sin duda, el proceso. Porque la gente que está tomando los puestos apenas están aprendiendo. No sabemos si ya tienen el equipo y la capacitación”, expuso.

Ernesto Villanueva, académico de la UNAM y experto en temas de transparencia, consideró que si bien la medida es legal, puede afectar el acceso a la información de los ciudadanos.

“Creo que lo que se hizo fue una argucia jurídica para afectar el derecho a saber de la sociedad, toda vez que si bien es cierto que la Unidad de Transparencia desaparece legalmente y sus funciones las ejercerán nuevas unidades por dependencia y entidad, también lo es que no se dice cuándo, cómo y de dónde saldrán los recursos para ese cambio institucional. De esta suerte, esa medida se antoja como una vía para dejar de cumplir con lo dispuesto por la Constitución y las leyes en la materia. Es increíble hasta dónde llega el ánimo de ‘invisibilizar' el ejercicio público”, mencionó.

La diputada federal del PRD, Ivanova Pool, afirmó que el gobierno de Quintana Roo actuó con opacidad al no informar públicamente la incorporación de la Unidad a otra instancia.

“Si bien hay que homologar la normatividad estatal con la federal como marca la recién aprobada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, ello no implica derogar acuerdos para desaparecer una instancia, menos sino se presenta la iniciativa del Ejecutivo para incorporarla a la Ley Orgánica del Estado”, dijo.

Tanto Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad como la organización Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo realizaron ejercicios para comprobar el funcionamiento de las plataformas anticorrupción, pero el sistema no funcionó.

De acuerdo con Espinosa Rodríguez, “en teoría”, ya se debe de poder solicitar información a los nuevos sujetos obligados a través del Infomex local y que con la legislación anterior era un solo sujeto obligado y todas las dependencias de gobierno reportaban a su nombre, pero, con la nueva disposición y como parte de la homologación, dijo que es correcto que esa oficina desaparezca, por lo que el Poder Ejecutivo se vuelve parte de estos entes obligados.

“Ahora, para que se pida información a cualquier oficina del Poder Ejecutivo ya no se tiene que pasar por la Unidad de Transparencia, cada ente está obligado a proporcionar la información a través de ellos mismos, ya no será necesario triangular la información a través de la unidad”, detalló.