La sociedad civil se protege contra el 'blindaje' de Roberto Borge
Las medidas con las que el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge , pretende protegerse de posibles investigaciones por casos de corrupción continúan sumando rechazos entre los ciudadanos quintanarroenses.
Este martes, un grupo de activistas presentaron un amparo en contra de las reformas a la Ley de Seguridad Pública que permiten al mandatario saliente y a su familia contar con guardaespaldas proporcionados por el Estado, durante 15 años.
Los ciudadanos, encabezados por el abogado José Gabriel Fernández Argüello, indicaron que el objetivo es determinar si las modificaciones de ley que se hicieron dentro del llamado "paquete de impunidad", cumplen o no con lo establecido en la Constitución.
“Queremos que se establezca con qué fundamento legal se determinó este aumento a 15 años para los escoltas del gobernador”, apuntó Fernández.
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En la sede del Poder Judicial de la Federación en Cancún, los inconformes impugnaron además la disposición para que el nuevo Fiscal General del Estado y el Auditor Superior del Estado duren en sus cargos nueve y siete años, respectivamente.
Esto debido a que argumentan que el aval de los legisladores a dichas disposiciones se hizo sin un fundamento que explique por qué ambos funcionarios deben permanecer en los cargos durante ese periodo.
En junio pasado, los legisladores locales avalaron a puerta cerrada en un hotel de Cancún el nombramiento de Javier Félix Zetina González -primo del exgobernador Félix González Canto-, como nuevo titular de la Auditoría Superior del estado y del entonces procurador Carlos Arturo Alvarez Escalera como fiscal general.
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Respecto al amparo que habían presentado contra el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, el activista informó que se desistieron del recurso luego de que el Congreso estatal derogó la creación del órgano jurisdiccional, así como los nombramientos de Minerva Maribel Moreno Cruz, Cesar Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar como magistrados.
En julio pasado, la Barra de Abogados de la Riviera Maya instaló módulos en las ciudades de Chetumal, Cancún y Playa del Carmen para recabar firmas para pedir al Senado de la República la desaparición de poderes en Quintana Roo por la serie de reformas que el Congreso local aprobó para supuestamente blindar a Roberto Borge de posibles acusaciones en su contra.
