“Cárcel al gobernador", la promesa de moda en las campañas de oposición

Construir escuelas, carreteras y hospitales son promesas comunes entre los candidatos... pero encarcelar al actual gobernador es un compromiso de campaña que se está volviendo cada vez más popular entre los aspirantes a mandatario estatal, especialmente entre los abanderados de oposición.

Tal es el caso, en la contienda electoral que transcurre, de los candidato a gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de la coalición PAN-PRD; del PAN en Chihuahua, Javier Corral, y de la independiente en Puebla, Ana Teresa Aranda.

Declaraciones y denuncias contra Javier Duarte

Yunes Linares arrancó su campaña electoral con una denuncia penal en contra del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto lavado de 3,000 millones de pesos, en el que involucra a una red de funcionarios públicos, familiares y socios.

"Presumiblemente se ha incurrido en lavado de dinero y evasión fiscal . La denuncia es producto de un trabajo de tres años de investigación tanto en México, Estados Unidos como en España. Encontramos una red de corrupción compleja y muy elaborada", señaló el político el pasado 3 de abril, al salir de la Fiscalía General del Estado, donde presentó el recurso.

En esa ocasión, Yunes Linares incluso mencionó a posibles cómplices del gobernador como Moisés Manzur, Iñaqui Negrete, Vicente Benítez y Edgar Spinoso.

La denuncia provocó reacciones del propio gobernador — quien de inmediato dio a conocer sus bienes ante medios de comunicación— y de sus contrincantes como Cuitláhuac García, de Morena, quien calificó la acción como “electorera”, pero coincidió en la necesidad de que Duarte rinda cuentas ante la ley.

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Pero la embestida de Yunes Linares contra Duarte es anterior. El 19 de noviembre de 2015, antes de pedir licencia como diputado federal para postularse como gobernador, Yunes Linares presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados en el que exhortaba a la Procuraduría General de la República (PGR) a atender las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de funcionarios públicos de Veracruz por el presunto desvío de 1,600 millones de pesos.

'A César Duarte le espera la cárcel'

Otro candidato que ha centrado su discurso en encarcelar al actual mandatario del estado donde compite es el panista Javier Corral, quien en reiteradas ocasiones ha acusado al gobernador, el priista César Duarte, de saquear al estado de Chihuahua.

Desde 2015, el abanderado del blanquiazul ha acusado al mandatario estatal de enriquecerse con los recursos del estado, lo que, según Corral, ha derivado en que la deuda del estado se sitúe en los 43,000 millones de pesos.

“A todos los chihuahuenses les va a ir muy bien con nuestro gobierno, sólo a uno le va a ir mal, que es César Duarte, porque le espera la cárcel si llegamos a la gubernatura de Chihuahua”, advirtió el panista el pasado 10 de febrero, durante el acto de su investidura como candidato.

El candidato, además, ha hecho eco de las acciones del movimiento chihuahuense Unión Ciudadana, cuyo líder, Jaime García Chávez, interpuso en septiembre de 2014 una denuncia penal en contra de Duarte por el delito de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos a la institución crediticia Unión Progreso, de la cual el priista es señalado de ser socio.

En uno de sus últimos spots, lanzado en abril pasado, Corral insistió en su propuesta al enfatizar que tanto Duarte como el candidato del PRI, Enrique Serrano, son los responsables de la crisis de deuda que afecta al estado.

“Mientras el gobernador y su gente endeudan al estado y se enriquecen, hay escasez de agua, calles oscuras y sin pavimento; el robo a las casas y el miedo de salir a la calle. ¿Qué falta para darte cuenta de que ellos son los responsables: el PRI y su “candiduarte”? Lo primero que haré como gobernador es llevarlos a la justicia y ese dinero devolvértelo en buenos servicios (…)”, dice en el mensaje, difundido en el portal del candidato.

La independiente quiere a Moreno Valle 'tras las rejas'

En la lista de quienes prometen encarcelar a sus antecesores también está la candidata independiente en Puebla, Ana Teresa Aranda, quien el 3 de febrero pasado anunció que procedería penalmente en contra del gobernador, el panista Rafael Moreno Valle.

“Sí hay responsabilidades fuertes que se tendrían que convertir en tipo penal y por los que Moreno Valle tendría que pagar. Si Ana Tere es gobernadora, me va a encantar ver tras las rejas a Rafael Moreno Valle", dijo a medios locales durante la presentación de su solicitud de registro como candidata en el Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE).

Aranda, cuya candidatura estuvo en vilo, acusó a Moreno Valle de haber orquestado el retiro de su postulación , la cual le fue restituida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado 16 de abril.

Cabe mencionar que, si bien otros candidatos no se han pronunciado directamente por encarcelar a quienes gobiernan actualmente, han planteado la creación de organismos anticorrupción o la implementación de la revocación de mandato, para que quienes ostenten el poder puedan ser encarcelados en caso de incurrir en actos de corrupción o sean retirados del cargo en caso de no cumplir con sus obligaciones.

Los que prometieron, ganaron... y nada

En las elecciones de 2015 también hubo candidatos que prometieron enviar a la cárcel a quienes en ese momento se encontraban ejerciendo las funciones como gobernador, pero a casi un año del proceso electoral no ha pasado nada.

Uno de ellos fue Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, actual gobernador de Nuevo León, quien a lo largo de su campaña prometió a los regiomontanos que metería a la cárcel a su antecesor, el priista Rodrigo Medina, a quien señaló de haber adquirido propiedades durante su gestión producto del "saqueo" a las arcas estatales.

“En nuestra administración vamos a investigar a los dos gobiernos, el actual y el anterior, y vamos a enfrentar las consecuencias (…) Por primera vez en este país hay que meter a la cárcel al funcionario público que se llevó el dinero de todos nosotros”, dijo en Monterrey.

Posteriormente, en su discurso de toma de protesta como gobernador, Rodríguez hizo un llamado a su equipo para auditar a la gestión saliente y, en caso de detectar irregularidades, hacerlos rendir cuentas ante la ley.

“Hoy les digo claro y fuerte, se les acabó la fiesta a los bandidos. Se acabaron los moches y las tranzas. Se les acabaron los lujos a costillas de la gente. Si quieren lana, háganla por la buena como la gente honrada (…) Desde ahora mismo, instruyo a mi equipo a realizar una auditoría exhaustiva en todas las dependencias, que se revise cada papel y cada cajón. Si alguien cometió un crimen, que dé la cara al pueblo y le responda a la ley”, destacó.

A 100 días del inicio de su mandato, Rodríguez informó que tenía 220 expedientes abiertos en la mayoría de las dependencias, y hasta los más altos niveles.

“Desde la Oficina del Gobernador hasta las paraestatales o fideicomisos que tiene el gobierno, en todos los casos hemos encontrado algunas, no solamente irregularidades, sino acciones que nos permiten presumir que hay delitos. No hay nombres, hay casos”, dijo en enero pasado, y anunció que en los 60 días siguientes, los casos serían revisados e investigados por el subprocurador Ernesto Canales y el Ministerio Público del estado.

En el mismo caso está la gobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich, quien en los pasados comicios prometió que encarcelaría a su predecesor, el panista Guillermo Padrés, por un sobregiro al erario de 10,000 millones de pesos.

“En mi gobierno, cero impunidad y corrupción. Por lo que a mí compete, es bien importante cumplir con ese tema, porque también es un asunto muy anhelado por los sonorenses ya que quieren un cambio”, dijo a El Universal antes de ganar la elección.

El 19 de septiembre de 2015, dos días después de su toma de protesta, Pavlovich aseguró que procedería contra todos los funcionarios que hubiesen incurrido en actos de corrupción durante el mandato de Padrés.

“No es sólo una advertencia al exgobernador, sino a todos aquellos que actuaron de manera incorrecta y que se llevaron lo que no era de ellos. Los sonorenses vieron su confianza defraudada y no vieron soluciones. No hubo pulcritud en el manejo de los recursos públicos”, comentó a Radio Fórmula.

“Quienes fueron corruptos no estarán tranquilos hasta que paguen las consecuencias de sus actos. En este gobierno no hay amigos y mucho menos cómplices”, agregó Pavlovich.

El 9 de febrero pasado, Odracir Espinoza, titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, informó que se tenían 200 expedientes relacionados con el gobierno de Padrés y que 135 funcionarios han sido llamados a declarar por esos casos.

“No ha sido fácil, pero hemos llamado a rendir cuentas a todos aquellos que desgraciadamente le fallaron a los sonorenses. Ahí están a la vista los resultados de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía Anticorrupción, no se puede vivir en la impunidad”, había mencionado dos días antes la gobernadora Pavlovich.