Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ya no está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BFP) de Estados Unidos.
Mérida Sánchez, general retirado, es señalado por autoridades estadounidenses por presuntamente proteger a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
La página oficial del Buró Federal de Prisiones indica que Mérida dejó de estar bajo custodia de dicha dependencia desde el 11 de agosto.
Después de que fiscales acusaron a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a otros funcionarios y exfuncionarios por sus presuntos vínculos criminales, Mérida se entregó a autoridades de Estados Unidos.
Desde su detención, el exsecretario estuvo recluido en el Centro Metropolitano de Detención (CMD) de Brooklyn, Nueva York.
En el pasado reciente, los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Guzmán Loera, también cambiaron su estatus en el Buró Federal, sin embargo, eso ni significó su liberación.
A mediados de 2026, Estados Unidos acusó formalmente a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, de formar parte de una presunta red de funcionarios que habría colaborado con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y dada a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 29 de abril de 2026.
Mérida aparece entre los 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por las autoridades estadounidenses de participar en una conspiración vinculada con el narcotráfico.
De acuerdo con el expediente federal, Mérida enfrenta tres cargos: conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Por estos delitos, el exfuncionario enfrenta una pena que puede llegar hasta cadena perpetua, además de un mínimo obligatorio de 40 años de prisión, en caso de ser declarado culpable.
La acusación estadounidense sostiene que los funcionarios señalados utilizaron sus cargos para favorecer las operaciones de Los Chapitos.
Según el Departamento de Justicia, la presunta red de corrupción permitió a integrantes del grupo criminal evitar investigaciones, arrestos y procesos judiciales, además de obtener información sensible sobre operativos de las autoridades.
Los fiscales estadounidenses también sostienen que funcionarios estatales y municipales habrían ordenado a corporaciones de seguridad proteger cargamentos de droga almacenados o transportados a través de Sinaloa con destino a Estados Unidos.
En términos generales, la acusación señala que los servidores públicos involucrados habrían recibido millones de dólares provenientes del narcotráfico a cambio de utilizar sus posiciones para proteger las operaciones del grupo criminal.
El expediente identifica a Mérida como exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, cargo de nivel gabinete que desempeñó durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que la estructura criminal habría facilitado el movimiento de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.
