El espejismo del mundial
El Mundial no es un dato menor. Entre el 11 de junio y el 5 de julio de 2026, los homicidios dolosos cayeron 33.5 por ciento a nivel nacional respecto al mismo periodo de 2025; el propio 11 de junio, día inaugural, el país registró apenas 30 homicidios, una de las cifras diarias más bajas del año. En las tres sedes mundialistas, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, los homicidios de junio bajaron en conjunto 31 por ciento.
La literatura sobre "treguas sociales" ligadas a eventos deportivos masivos, con antecedentes en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, documenta el fenómeno como transitorio: el despliegue extraordinario de policías y operativos reduce temporalmente el delito violento, no sus causas estructurales.
Presentar julio como culminación de una estrategia sostenida, sin aislar el efecto Mundial, es leer el termómetro y omitir la fiebre.
La aritmética que conviene
Comparar julio de 2026 contra 2019 para obtener 63 por ciento de reducción es una elección política, no solo técnica. 2019 fue un punto de partida deliberadamente favorable: otra administración, otra curva delictiva, un piso estadístico que conviene recordar cuando se necesita una cifra grande.
El propio gobierno capitalino admite que, frente a 2025 —el comparativo que sí mide la gestión en curso—, la reducción fue de apenas 8 por ciento.
Y en extorsión, el delito que más erosiona la confianza ciudadana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó para la capital un incremento de 260 por ciento en 2025 respecto a 2024, además de un alza de 13 por ciento en secuestros denunciados. Ninguna de esas dos cifras apareció en el informe de julio.
Metodologías desencontradas
La validación del INEGI que se invoca corresponde a actas de defunción, no a carpetas de investigación: son metodologías distintas que, según el propio secretario de Seguridad Ciudadana, en la capital arrojan una relación inversa a la del resto del país, con más carpetas que defunciones.
Esa coincidencia direccional no equivale a integración de bases de datos, ni a transparencia sobre por qué el fuero común, el SESNSP y el INEGI siguen sin un tablero único, auditable y desagregado por colonia que permita a cualquier especialista verificar la cifra oficial.
Detener no es judicializar.
La Fiscalía capitalina presumió 11 mil 594 detenidos por delitos de alto impacto desde 2024 y un incremento de 132 por ciento en órdenes de aprehensión cumplimentadas por extorsión, 95 en total, además de un alza de 26.9 por ciento en detenciones y judicializaciones.
Son datos de proceso, no de resultado: miden actividad institucional, no efectividad penal.
Ninguna cifra da cuenta de sentencias condenatorias, de vinculaciones a proceso que sobrevivan la primera audiencia, ni de reincidencia. Detener y judicializar es, apenas, el primer tercio de un proceso que en México históricamente se diluye entre la carpeta de investigación y la sentencia firme.
El territorio que las cifras no miran
Lo más revelador es lo que no contienen: ninguna cifra pública, desagregada por colonia, sobre narcomenudeo —el delito que más erosiona la paz cotidiana— ni sobre la efectividad diferenciada de 16 alcaldías que operan con policías de proximidad, mandos y presupuestos fragmentados frente a una SSC que centraliza el discurso, no siempre la operación territorial.
La ENVIPE 2025 del INEGI ubicó a la Ciudad de México entre las tres entidades con mayor prevalencia delictiva del país, solo detrás del Estado de México, y la ENSU del cuarto trimestre de 2025 registró incrementos sustanciales en la percepción de inseguridad en alcaldías como Azcapotzalco, Magdalena Contreras y Milpa Alta.
Esa es la ciudad que los vecinos habitan; no siempre es la que aparece en el pódium.
Cámaras que prometen más de lo que ven
El C5 opera ya más de 83 mil cámaras rumbo a la meta de 150 mil, presentadas como columna vertebral de la estrategia "Ojos que te cuidan".
Pero una revisión periodística de licitaciones públicas documentó opacidad en la identificación de proveedores y tecnología, y el propio coordinador del C5 reconoció que 65 por ciento de las fallas del sistema —antes reparadas en 45 días y hoy en siete— se deben a pérdida de conectividad y suministro eléctrico.
Videovigilancia sin mantenimiento sostenido, sin auditoría externa independiente y sin integración judicial plena es más escaparate que herramienta de investigación criminal.
Lo que falta por auditar
Nada de esto invalida que julio haya sido, en efecto, el mes con menos homicidios en 12 años: ese dato, aislado, es un hecho confirmado y bienvenido.
Lo que exige corrección es la narrativa que lo envuelve: comparar contra el año que más conviene, omitir la extorsión que crece, callar el narcomenudeo que no se mide y presentar la detención como si fuera justicia.
Una política de seguridad seria no necesita maquillar sus cifras; necesita auditarlas, desagregarlas por territorio y sostenerlas frente al escrutinio técnico independiente, incluso, sobre todo, cuando ese escrutinio incomoda al discurso oficial.
*Alberto Guerrero Baena es Consultor y Estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
