La organización, que agrupa a unos 1,400 juzgadores, expresó que la sola admisión del caso, mismo que fue promovido en 2024, tras la aprobación de la Reforma Judicial en el Congreso mexicano, “confirma que existen indicios graves y fundados de violaciones a los derechos humanos de los y la juzgadores mexicanas, así como una profunda afectación a la independencia judicial“.
La JUFED señaló la solicitud de medidas cautelares “implica un reconocimiento internacional de que el actual contexto pone en riesgo inminente a quienes integran el Poder Judicial mexicano”.
A través de su cuenta de X, la Asociación dio a conocer su posicionamiento y “llamado enérgico y firme al Estado mexicano” a la cancelación del proceso.
“La comunidad nacional e internacional está observando. Continuar con este proceso, ignorando las recomendaciones de los órganos internacionales, constituiría una violación flagrante a las obligaciones internacionales asumidas por México”, sentenció.
El jueves pasado, la JUFED se reunió con integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que acudieron a observar las elecciones judiciales.
Ahí se habrían expuesto las “múltiples irregularidades” de la elección, y la más reciente, la distribución de "acordeones" parta influir en los ciudadanos.
En noviembre pasado, la JUFED junto con otras organizaciones de juristas, activistas de derechos humanos y civiles, acudieron a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, ante la cual denunciaron la afectación a la autonomía judicial que provocó la Reforma Judicial.
