Con unanimidad de 452 votos, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 25 y 73 de la Constitución en materia de simplificación administrativa y digitalización, con lo que se busca transitar al e-gobierno.
Los cambios establecen la obligación de todos los niveles de gobierno a aplicar políticas públicas que simplifiquen los procesos administrativos mediante la digitalización y la adopción de buenas prácticas regulatorias.
El dictamen a la minuta de reforma constitucional fue aprobada en lo general y comenzó a ser discutida en lo particular, para lo cual se anotaron 42 reservas. Una vez que se desahoguen, el proyecto de decreto será enviado a los congresos de los estados para concretar el proceso legislativo de los cambios constitucionales.
La reforma fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de garantizar que el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) sirva como motor para el desarrollo y por tanto se da sustento legal a la creación de infraestructura e inversión tecnológicas.
La nueva redacción abroga la Ley General de Mejora Regulatoria y faculta a expedir una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción.
Con ese carácter nacional de la nueva legislación se busca homologar modelos de simplificación de trámites y servicios en todos los niveles de gobierno, explicó en el posicionamiento a favor de la reforma la diputada de Morena y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.
Sin embargo, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional (PAN) pugnaron sin éxito para que el carácter de la legislación que se emita sea federal y no nacional, para que distinga las particularidades de cada región y estado, así como su desarrollo diferenciado.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Virginia Reyes de la Torre, destacó que su bancada apoya la reforma, y pidió un “México digital” mediante el tránsito a una identidad digital y con una sola ventanilla de trámites, con cero papel y avanzar a la forma digital.
Pero, criticó, “la sociedad avanza con smartphones, mientras el gobierno sigue operando como su usara un Nokia del 2000”.
El diputado priista Luis Gerardo Sánchez igualmente expuso el respaldo del tricolor a la enmienda, pero exigió que se protejan los datos personales de los ciudadanos no sólo ante un hackeo sino ante la posibilidad del uso del aparato gubernamental y para uso electoral.
Pero evidenció que la reforma no contiene ninguna previsión presupuestal para ampliar el acceso a internet “no encontramos en este dictamen el que se dé recurso para que los municipios y la Federación garanticen el acceso ciudadano al internet”, estén en las sierras o la ciudades.
José Braña Mojica, del partido Verde (PVEM), destacó que cada ciudadano mexicano realiza un promedio de 486 trámites en su vida. Hay 7 mil trámites federales, 5,023 estatales y 144 en promedio en las entidades, por lo que se precisa ir a la digitalización para reducir márgenes de corrupción.
