La Secretaría de Gobernación impulsa entre las entidades federativas un "protocolo tipo" para la atención de las protestas sociales, que tome como base las directrices que se aplican en la Ciudad de México.
Durante la Tercera Sesión 2024 de la Agenda Nacional de Coordinación en Derechos Humanos, Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, afirmó que la finalidad es contar con un instrumento homologado que sirva para todo el país.
"Los gobiernos cuentan con todo el apoyo del Gobierno de México para realizar su trabajo, sin importar colores partidistas. Hagan todo lo posible por la defensa de los derechos humanos, desde el ámbito de sus atribuciones y competencias", expresó Rodríguez.
Este martes, la titular de la Segob se reunió con los secretarios de gobierno de las entidades federativas para abordar temas de Derechos Humanos como la atención de las protestas pacíficas, la búsqueda de personas desaparecidas, la prevención y erradicación de la discriminación y el modelo de atención municipal a grupos prioritarios.
Rodríguez recordó que, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se creó en la Secretaría de Gobierno el Protocolo de Atención a manifestaciones en vías primarias y el Protocolo de Prevención de Violencias en Manifestaciones.
Con base en esa experiencia, abundó la funcionaria, se integró el Decálogo por la Libertad y la Paz en la Protesta Social, que contó con el aval de la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la aportación de organizaciones e instituciones locales y federales.
La Secretaria invitó a sus homólogos estatales a integrar otros puntos a este documento y hacer un “protocolo tipo” que pueda aplicarse en toda la República.
"Dentro de los 100 pasos para la transformación de la presidenta se considera el respeto a las garantías constitucionales como la libertad de expresión, de prensa, de reunión y de movilización", expresó.
"En México hay una ruta de derechos para evitar la criminalización de la protesta social, también para impedir la represión, el uso de la fuerza innecesaria, y no repetir errores del pasado", añadió la Secretaria.
En otro tema, Rodríguez afirmó que para el gobierno federal también es una prioridad la atención de las personas buscadoras y sus familias, con los más altos estándares de respeto a sus derechos humanos y empatía.
"Se impulsan modelos de coordinación con estados y municipios, así como el fortalecimiento de los procesos técnicos y avances forenses, siempre de la mano de la Fiscalía General de la República, fiscalías de los estados y comisiones de búsqueda estatales", señaló.
