El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) votó hoy para que se restablezcan, a partir de mañana, las actividades en todos los tribunales y juzgados del país, luego del paro establecido por trabajadores ante la discusión y posterior aprobación de la Reforma Judicial.
El Pleno del Consejo señaló que los titulares de los tribunales estarán obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa para garantizar el óptimo funcionamiento de impartición de justicia.
Las áreas administrativas podrán aplicar sanciones, incluidas las económicas, al personal que no asista a laborar desde este jueves 24 de octubre.
''Se instruye al Coordinador de Seguridad para que apoye a los jueces y magistrados que le soliciten el acceso a los inmuebles'', dice la circular firmada por el magistrado Juan Carlos Guzmán Rosas, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
La decisión tuvo a favor los votos del consejero Bernardo Bátiz Vázquez; de la consejera Eva Verónica De Gyvés Zarate; de la consejera Celia Maya García y del consejero Sergio Javier Molina Martínez. En contra votaron la ministra presidenta Norma Piña; la consejera Lilia Mónica López Benítez y el consejero José Alfonso Montalvo Martínez.
Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) acordaron el viernes mantener la suspensión parcial de labores en todo el país con la atención exclusiva de casos urgentes.
El paro de labores por parte de jueces y magistrados del PJF comenzó en protesta contra la Reforma Judicial, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En septiembre, el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó la amplia reforma al sistema de justicia que, entre otras cosas, establece la elección por voto popular de los juzgadores.
El 1 de junio del próximo año se realizará la elección para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte -que pasará de 11 a nueve integrantes-, miembros del Tribunal de Disciplina, vacantes en la Sala Superior, la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral y a la mitad de los magistrados y jueces de distrito del país.
En 2027 serán elegidos los cargos restantes.
El oficialismo sostiene que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque "no está al servicio del pueblo" y "responde a intereses de la delincuencia organizada".
La reforma ha generado, también, preocupación entre los inversionistas y socios comerciales de México, quienes temen que debilite el equilibrio de poderes y dañe el clima de negocios en la segunda economía más grande de Latinoamérica.
A principios de octubre, la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) se declaró competente para determinar si la Reforma Judicial afecta la autonomía del Poder Judicial, la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes.
-Con información de Reuters.
