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Sheinbaum “sugiere” a bancada morenista no acelerar tiempos de reforma judicial

Sheinbaum considera que se requiere un mayor análisis y reflexión sobre la reforma electoral, explicó Ricardo Monreal.
mar 27 agosto 2024 07:32 PM
Conferencia Sheinbaum Reunión Diputados-1
Ricardo Monreal ha trabajado cerca a Claudia Sheinbaum en los últimos meses.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, sugirió a la bancada morenista en la Cámara de Diputados que no se acelere la discusión sobre la reforma al Poder Judicial.

"La presidenta electa ha sugerido al grupo Parlamentario que sea cuidadoso con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipiten, sino que observemos estrictamente la ley. Es una sugerencia que nos parece correcta", informó Ricardo Monreal, quien coordinará a los diputados morenistas en el próximo sexenio.

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"A pesar de que puede darse una segunda sesión el 1 de septiembre, no quiere decir que ese día se vaya a aprobar la reforma al Poder Judicial'', explicó Monreal ante medios de comunicación.

Ricardo Monreal, quien compitió contra Sheinbaum por la candidatura de Morena a la Presidencia, dijo que darán ''los plazos de la publicidad, la deliberación, la discusión en lo general, la discusión en lo particular, para hacer amplio el debate, que sepan todos los mexicanos de lo que estamos hablando, es la sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum", dijo.

De acuerdo con el senador, Sheinbaum considera que se requiere de un mayor análisis y reflexión de la reforma electoral, ''porque tenemos que completarla bien''.

''No quiere decir que no se vaya a hacer, sino vamos a esperar un mejor momento", señaló el morenista.

Una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el lunes el dictamen de la polémica reforma judicial promovida por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, allanando el camino para su discusión final a principios de septiembre, una vez que asuma el nuevo Congreso de mayoría oficialista.

La controvertida reforma busca, entre otras cosas, que más de 7,000 jueces, magistrados y ministros de la corte suprema sean elegidos mediante el voto popular.

La propuesta no sólo ha llevado a miles de trabajadores judiciales a un paro de labores, sino que mantiene en vilo a los mercados y hasta ha generado roces entre México y sus socios comerciales: Estados Unidos y Canadá.

En un intento por poner paños fríos a los temores, el oficialismo aprobó el lunes más de 100 rectificaciones a la propuesta presentada por López Obrador en febrero. Sin embargo, analistas concuerdan en que los cambios principales -gradualidad de las elecciones- no modifican la esencia de la iniciativa original.

El dictamen aprobado establece que en junio de 2025 se realizará una elección para reemplazar a los ministros del máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), -que pasarán de 11 a nueve- y a la mitad de los magistrados y jueces de distrito del país. En 2027 se elegirán los cargos restantes.

Los ministros de la SCJN no elegirán su presidente, como hasta ahora. La presidencia la ocupará quién obtenga más votos y durará dos años, desde los cuatro actuales. Además, se elimina el límite de edad de 35 años y se reduce la experiencia laboral de 10 a cinco años para ser ministro de la SCJN.

También, se elimina la experiencia laboral para optar por el cargo de juez. Entre otros cambios, la reforma propone crear un órgano de administración autónomo, un tribunal disciplinario, una reingeniería profunda de los principales ejes del sistema de justicia y un esquema de justicia cívica y alternativa para despresurizar al sistema penal.

López Obrador argumenta que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque "no está al servicio del pueblo" y "responde a intereses de la delincuencia organizada". Claudia Sheinbaum, quien asumirá la Presidencia de México el 1 de octubre, ha respaldado la propuesta asegurando que combatirá los elevados niveles de impunidad.

El gremio judicial sostiene que atenta contra sus derechos porque se eliminaría la carrera judicial para acceder a los cargos de juzgadores y abre la posibilidad a que grupos de poder, incluso ilegales, copen el sistema de justicia con la elección popular de jueces.

La propuesta también ha generado preocupación entre inversionistas, quienes aseguran que los cambios debilitarían a uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo, dañando el clima de negocios en la segunda mayor economía de América Latina.

-Con información de la agencia Reuters.

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