El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscaba evitar que sea el ministro Javier Laynez el responsable de la acción de inconstitucionalidad promovida por la oposición en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
A través de un documento firmado por María Estela Ríos, consejera jurídica del poder Ejecutivo, se solicitó que Laynez se excusara de seguir conociendo de la acción 214/2023.
A principios de este año, Laynez fue el encargado de suspender por tiempo indefinido la aplicación de la reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como "Plan B".
Fue apenas el 14 de noviembre cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnó al ministro Javier Laynez, la acción de inconstitucionalidad que promovió el bloque opositor en el Senado de la República en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Antes de eso, la ministra Norma Piña pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador definir los términos para concretar su propuesta para donar ese monto, en apoyo a los damnificados del huracán Otis, en Acapulco, Guerrero.
Nacido en Torreón, Coahuila, el ministro Laynez estudió Derecho en la Universidad Regiomontana y un doctorado en Derecho Público en la Universidad de París. Fue profesor en el Colegio de México y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Desde 2015, cuando fue ratificado por el Senado de la República como ministro de la SCJN, Javier Laynez “se ha distinguido por sus sentencias técnicamente sólidas en apego a la Constitución”.
Laynez fue el segundo y último ministro postulado por el expresidente priista Enrique Peña Nieto. Llegó a la SCJN para sustituir al ministro saliente Juan Silva Meza.
