INE deberá responder a Morena sobre renuncia de sus recursos para atender COVID

Morena impugnó la respuesta de la Comisión de Fiscalización y del secretario Ejecutivo del INE sobre la solicitud que hizo para regresar recursos.
En diciembre pasado, Mario Delgado, presidente de Morena, entregó un "cheque" de 547 millones 726,006 pesos en el INE para que fuera ocupado para entender el COVID-19.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) responder a la solicitud de Morena sobre la retención del 75% de sus ministraciones mensuales, por concepto de financiamiento público, para reintegrarlo a la Tesorería y que el recurso se destine a la compra de vacunas contra el COVID-19.

La decisión fue tomada luego de que Morena impugnó la respuesta de la Comisión de Fiscalización y de Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del INE.

De acuerdo con el pleno, es el consejo general y no la Comisión ni el secretario Ejecutivo la autoridad competente para dar respuesta a la petición que hizo el partido “guinda”, a través de su dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo.

En tal sentido, “se deben revocar los actos impugnados porque las autoridades responsables no tienen competencia para analizar la petición formulada por Morena”, establece la resolución aprobada por unanimidad.

“Se propone ordenar al Consejo General del INE como autoridad competente que dé respuesta al recurrente”, añade la sentencia que fue discutida y votada en la sesión virtual del pleno realizada este miércoles.

El pasado miércoles, el consejo general del INE insistió en que Morena no puede devolver, a través del órgano electoral autónomo, los recursos correspondientes a su financiamiento público.

El pleno recordó entonces que el partido “guinda” no puede renunciar al financiamiento público que le fue depositado, dado que ya forma parte de su patrimonio, salvo que lo haga antes de que le sea entregado.

“La imposibilidad de devolver al INE los recursos ya ministrados a los institutos políticos dado que forman parte de su patrimonio desde el momento en que los recursos son recibidos y, en consecuencia, están sujetos a las reglas de fiscalización establecidas en la normatividad aplicable”, refiere el proyecto aprobado la semana pasada por mayoría de votos.