El 29 de junio de este año, Silvano Aureoles Conejo se plantó afuera de Palacio Nacional con un expediente de presuntas pruebas que vinculan a Morena con al crimen organizado, cuyo candidato, Alfredo Ramírez Bedolla, asume este 1 de octubre como gobernador de Michoacán.
Esto ocurrió en medio del proceso electoral, que resultó ser el más violento en la historia de México, y Michoacán fue una muestra de ello. Tres meses después y con un cambio de gobierno, las cosas no han cambiado para la entidad, que lleva semanas con una nueva guerra entre cárteles y autodefensas en la región de Tierra Caliente.
Incluso, el pasado 16 de septiembre, una serie de enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Tepalcatepec dejó cinco muertos en el municipio que lleva ese nombre; las víctimas eran habitantes de ahí.
Meses antes, el municipio de Aguililla fue escenario de una guerra entre el CJNG y la Nueva Familia Michoacana. La presencia de estos grupos obligó a más de 3,000 pobladores a abandonar sus hogares.
Bajo este contexto, Armando Rodríguez, director de Proyectos de la División de Seguridad e Inteligencia, Strategic Affairs, señala que la grave crisis de inseguridad y violencia que atravesaba Michoacán con el gobernador saliente, Silvano Aureoles, ameritaba una verdadera atención, no sentarse frente a Palacio Nacional con fines políticos.
"Con Silvano vimos un enfrentamiento discursivo político, que además rayó en el ridículo cuando quiso visitar en Palacio Nacional al presidente López Obrador. (Ahora), deja a Michoacán con un problema muy grave de control de los de grupos criminales sobre amplios territorios", dice en entrevista con Expansión Política.
Ramón Celaya, especialista en Inteligencia, Seguridad y Fuerzas Armadas, considera que Aureoles Conejo justificó su inacción ante el crimen organizado en Michoacán bajo el discurso de que combatirlo es una facultad que solo le corresponde a la federación.
"Silvano Aureoles fue un fracaso total en lo que respecta a la competencia local. Todo lo que es delincuencia organizada y narcotráfico, en efecto, le corresponde a la federación combatirlo; sin embargo, a nivel local hay muchos homicidios del fuero común, extorsión, cobros de derecho de piso, y esto corresponde directamente a la administración estatal. Desgraciadamente, Silvano Aureoles se compró el discurso de que estas facultades le corresponden a la federación", explica Celaya.
Hoy, Silvano Aureoles deja el gobierno de Michoacán con un total de 11,092 homicidios dolosos cometidos desde que asumió el cargo el 1 de octubre de 2015 a agosto de este año, de acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Silvano deja un estado en llamas, con una grave crisis de seguridad pública y con un escenario adverso para los cuerpos policíacos, y esto sí era su competencia".
Los retos de Alfredo Ramírez Bedolla
La crisis de violencia e inseguridad generada por la nueva guerra entre cárteles y autodefensas es una herencia que tendrá que enfrentar el nuevo gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. De hecho, una de sus promesas de campaña fue combatir al crimen organizado.
Armando Rodríguez, el director de Proyectos de la División de Seguridad e Inteligencia, Strategic Affairs, indica que una de las estrategias del morenista para comenzar este combate es recomponer la relación con el gobierno federal para lograr la cooperación entre los sistemas de seguridad en todos los niveles.
Pero la estrategia de seguridad de Ramírez Bedolla también tiene que poner atención en la violencia estructural en la que vive Michoacán desde hace años, como los desplazamientos y las desapariciones forzadas, la relación del crimen organizado con los actores políticos y hasta poner fin a los mercados ilícitos no solo de estupefacientes, también de tala y extracción de aguacate.
"Generar una estrategia de seguridad implica también atención a las causas sociales de la violencia, de los delitos y de la criminalidad organizada, así como acciones de justicia, no tanto persecutorias, sino que atiendan violencias muy específicas en las comunidades. También se deben generar verdaderos esquemas de control en cuanto a la corrupción y la colusión de gobiernos locales y grupos criminales", sugiere Rodríguez.
Para Ramón Celaya, otro de los grandes retos que tendrá la nueva administración será recomponer el Sistema de Seguridad Pública estatal y municipal; es decir, destinar más recursos para patrullas, prestaciones, capacitaciones y equipo para los elementos policíacos, pues la base de la seguridad ciudadana es la proximidad con los uniformados.
"También se requerirá poner atención a los delitos del fuero común, como robo casa habitación, robo de vehículo y la extorsión, lo cual podría generar una mejor percepción de seguridad entre las comunidades", puntualiza Celaya.
Las tres olas de violencia en Michoacán
En Michoacán se ubica uno de los puertos más importantes del país, el Lázaro Cárdenas, por el cual entran precursores químicos para la producción de drogas sintéticas, como el fentanilo. También tiene puntos estratégicos de traslado de drogas, ya sea vía marítima o terrestre, que conectan con estados como Sinaloa.
Al puerto también llega el armamento que utilizan las organizaciones criminales para poder enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Mientras que la sierra michoacana resulta atractiva para la siembra de marihuana y para la instalación de laboratorios clandestinos, donde difícilmente podría ser detectado lo que ahí se produce.
"Michoacán se ha convertido en una gran cocina de drogas sintéticas, y bueno, esto lo hace muy atractivo para los grupos criminales", menciona Ramón Celaya.
Esta es la posición en la que se encuentra Michoacán desde hace décadas, pero los expertos consideran que en la historia reciente, el estado ha atravesado por al menos tres olas de violencia muy marcadas.
La primera ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), cuando se lanzó el combate frontal a los cárteles de La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, que en ese entonces ejercían control solo en aspectos territoriales, no en lo político ni en lo social.
Después, con Enrique Peña Nieto (2012-2018) surgieron las autodefensas, con la que civiles lograron armarse de forma legítima como cualquier policía, pero muchos integrantes de estos grupos usaron esta figura para cometer delitos y colaborar con el crimen organizado.
En el actual sexenio, las autodefensas no están reguladas, no hay liderazgos claros y además está la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación.
"Cada pico es el resultado de varios factores, el primero de ellos, sin duda alguna, tiene que ver con la dinámica de las organizaciones criminales que buscan controlar esta zona estratégica para el trasiego de drogas, para la extorsión, para el cultivo de marihuana, de aguacate, de limón, el tráfico de maderas finas... todos estos se han convertido en objeto de sus actividades criminales", explica Armando Rodriguez.