Un primer militar es detenido por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El 26 de septiembre de 2014, el entonces militar estuvo a cargo de soldados que realizaron recorridos en varios puntos de la ciudad Iguala, en Guerrero, donde los estudiantes fueron atacados y secuestrados por policías vinculados a la delincuencia.

"La detención fue ayer (jueves) en la noche por el cargo de delincuencia organizada", dijo a Reuters una fuente con conocimiento del caso, que prefirió no ser nombrada.

En su momento, Crespo declaró ante la fiscalía que no tuvo conocimiento del paradero de los jóvenes y que durante aquella noche buscaba, junto con sus subalternos, una motocicleta que supuestamente había sido robada a otro oficial, deslindándose de su participación en la desaparición de los estudiantes.

También estuvo presente, junto con otros soldados, en el hospital Cristina, de la ciudad Iguala, a donde normalistas heridos fueron trasladados, de acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH en 2015 para investigar el sonado caso.

Incluso, según el mismo documento, sus subalternos tomaron fotografías en las que se veía a los estudiantes sentados dentro de las instalaciones del hospital mientras esperaban recibir atención médica.

"Es importante la detención del capital Crespo porque es una forma de romper el pacto de silencio que ha existido y saber de una vez qué pasó con los muchachos", dijo Felipe de la Cruz, vocero de familiares de los jóvenes desaparecidos, quien afirmó que fueron notificados el viernes sobre la captura.

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La aprehensión ocurre a pocas semanas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que limpiaría a la institución castrense de posibles actos de corrupción, tras la detención en Estados Unidos del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, acusado de delitos de narcotráfico.

El general negó en su momento que personal a su cargo hubiera participado directa o indirecta en la desaparición de los jóvenes estudiantes de magisterio, un caso que cimbró al Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto y que destapó graves fallas en el sistema de justicia.

En septiembre, la fiscalía dijo que por primera vez se giraron órdenes de aprehensión en contra de militares, como parte de las pesquisas del caso.