El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y un grupo de especialistas hicieron una lista de propuestas y acciones inmediatas para atender las consecuencias económicas de la epidemia de COVID-19 y así evitar que 21 millones de mexicanos caigan en pobreza.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a la fecha existen 52.4 millones de pobres en el país; es decir, el 44.4% del total de la población se encuentra en esta situación actualmente.
Si la advertencia del CEEY se hace realidad, significaría que al término de la emergencia sanitaria, como ya fue declarada, habría 73.4 millones de personas en situación de pobreza, cerca del 57% de la población en el país.
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Por ello, hicieron una serie de propuestas, como reasignar recursos, dar subsidios a empresas formales, entregar apoyos a trabajadores, entre otros.
“La crisis actual representa un gran reto para el país; sin embargo, también brinda la posibilidad de una gran transformación para construir el legado de un México más incluyente, con menos pobreza y con mayor igualdad de oportunidades”, plantearon los expertos en un comunicado.
El estudio “Hacia un plan integral para atender las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus en México”, propone acciones coordinadas entre el gobierno, las empresas y los organismos sociales para lograr una recuperación de la economía en 2021.
La crisis actual demanda acciones inmediatas y radicales, pero, al mismo tiempo, fundamentadas y responsables. No hay lugar para la inacción.
Las recomendaciones
Para el Sistema de Salud: reasignar los recursos para medidas preventivas en los estados con población más vulnerables en términos de salud. Asimismo, se requiere fortalecer el Sistema de Salud en las entidades que cuentan con menores recursos para este rubro.
Para la población en pobreza y el mercado informal: ampliar de manera temporal los programas de transferencias, ampliar créditos a la palabra y crear programas de empleo local de emergencia.
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Para el mercado formal: realizar transferencias monetarias a los trabajadores desempleados, otorgar créditos fiscales y del IMSS a las empresas, subsidiar temporalmente a empresas formales, dar un subsidio fiscal único a personas físicas, otorgar créditos blandos a Mipymes y promover esquemas de renegociación de deuda de deudores del sistema financiero.
Recursos requeridos. Se estima que, al menos, se requiera y sea posible movilizar recursos hasta por 2.2 % del PIB mediante endeudamiento y otros mecanismos de financiamiento.
Mecanismos de implementación. Es necesaria la unificación depuración y fortalecimiento de padrones de beneficiarios y programas sociales, registro de contribuyentes, registro del IMSS y buró de crédito. Deben participar de manera coordinada las diferentes autoridades del país.
Por último, el CEEY señala que una vez superada la crisis sanitaria y económica, es urgente implementar una reforma a la hacienda pública, no solo para reponer los recursos utilizados, sino también para alcanzar una seguridad social universal, unificada y de calidad.