Mamás contra el feminicidio y la impunidad: ellas exigen justicia para sus hijas

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- "La única justicia es que te regresaran a tu hija, pero eso no lo pueden hacer", dice Mirna Covarrubias, quien, al igual que Araceli Osorio e Irinea Buendía, logró por sus propios medios una "justicia a medias" para su hija, víctima de la violencia en México.

Las vidas de estas tres mujeres cambiaron cuando les informaron que sus hijas habían muerto. Inicialmente, los crímenes no fueron reconocidos como feminicidios y, en el caso de Daniela Jiménez Covarrubias, hija de Mirna, su asesino recibió una condena de solo dos años. Ahí, en la impunidad, inició la lucha.

Un precedente de esta exigencia de justicia es Marisela Escobedo, activista que fue asesinada en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, mientras se manifestaba por el feminicidio de su hija.

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Al día de hoy, Mirna, Araceli e Irinea son, junto con las mamás de otras casi 3,000 mujeres asesinadas en México en los últimos cuatro años, víctimas colaterales de esta violencia. De acuerdo con la ONU, en México diariamente son asesinadas nueve mujeres por razón de género.

Cifras de la Secretaría de Seguridad muestran que, de 2015 —cuando se implementó una nueva metodología para la clasificación de los delitos— a 2018, los feminicidios aumentaron en 54%. Tan solo en el primer trimestre de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 244 casos.

Mirna Covarrubias

Este es el tercer año en el que Mirna celebra el 10 de mayo sola con su hijo y su esposo; le falta Dany, su hija mayor, quien fue asesinada en Montemorelos, Nuevo León, el 6 de octubre de 2016, cuando apenas tenía 15 años.

El feminicida de Dany es Diego, un excompañero de clases que la atacó con un cúter, abandonó su cuerpo en la vía pública e hizo pasar el crimen como resultado de un asalto. En sus declaraciones se contradijo, hasta que finalmente confesó que él había la había asesinado.

Actualmente, Diego está libre porque ya cumplió su condena. Por la edad que tenía cuando fue juzgado —15 años—, y bajo el amparo de la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes , fue sentenciado a dos años de cárcel.

"Él se declaró culpable y sí lo sentenciaron por feminicidio, el problema fue la sentencia (...) El beneficio, digamos, que él tuvo es que lo trasladaron a la Ciudad de México, porque su papá vive allá, y nosotros ni cuenta nos dimos. Él ya salió porque ya cumplió su condena", dice Mirna a ADNPolítico.

Mirna y su familia buscaron que a alguien le interesara la revisión de la ley de los delitos de adolescentes, "ya no por este caso, sino por los que siguen". No lo han logrado, pero su lucha sigue.

Ella, de 48 años, usó su coraje para crear la organización Quiero Vivir sin Violencia Dany Jiménez, AC . Todos los días, ella y su familia portan un botón con la imagen de Dany, como parte de una campaña permanente contra la violencia hacia las mujeres.

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"Al principio creamos esta asociación como una forma de que Dany no fuera olvidada, luego como una manera de honrar su memoria, y ahora decimos que es como una forma de prevenir que a ti no te pase lo que me pasó a mí, que no tengas que luchar por la justicia, contra la impunidad", dice.

La asociación da pláticas entre adolescentes y ahora plantea también impartirlas a mujeres víctimas de violencia.

Mirna considera que la impunidad es la causa de que más niñas, adolescentes y mujeres sigan siendo asesinadas.

"Mientras existan la impunidad y la corrupción, va a seguir pasando y cada día está peor. Pasa porque lo haces y no te atrapan o no te juzgan, y si te juzgan pues nada más te dan dos años", advierte.

Araceli Osorio

Lesvy Berlín Rivera Osorio, de 22 años, fue estrangulada en una caseta telefónica en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017. La procuraduría capitalina afirmó, sin realizar las indagatorias correspondientes, que se trató de un suicidio, cometido además frente a su novio, versión que no fue aceptada por la mamá de la joven, Araceli Osorio.

Acompañada por universitarias, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, Araceli logró demostrar que la dependencia fue omisa y que su hija había sido víctima de feminicidio.

Fue hasta el 10 de abril de 2018, casi un año después del crimen, que un juez vinculó a proceso a Jorge Luis Hernández González, novio de Lesvy, por el delito de feminicidio agravado (inicialmente había sido vinculado por homicidio simple, con lo que recibiría una pena de ocho a 20 años de cárcel).

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Actualmente, González Hernández está en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente de la capital; de ser hallado culpable por el feminicidio de la estudiante de la UNAM, enfrentaría entre 40 y 60 años de cárcel.

En este proceso, y mientras al asesino de su hija le dictan sentencia, Araceli se ha unido a las exigencias de justicia de otras familias, como la de Aideé Mendoza, la estudiante del CCH Oriente baleada el 29 de abril dentro de un salón de clases.

El 2 de mayo, a dos años del asesinato de su hija, Araceli recibió disculpas públicas de la actual procuradora capitalina, Ernestina Godoy. En ese acto, la mamá de Lesvy exigió: "Ni una muerta más, ni una desaparecida más, ¡ya basta!".

Este caso —la lucha de Araceli y organizaciones civiles— impulsó la creación de la primera Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en la capital.

Marisela Escobedo

El 16 de diciembre de 2010, fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, justo cuando exigía justicia por el feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, cometido en 2008 cuando tenía apenas 16 años.

Marisela se había convertido en activista y encabezado marchas por su causa y la de otras familias cuyas hijas, madres, tías, primas y sobrinas habían sido asesinadas. En ese entonces, Chihuahua y específicamente Ciudad Juárez eran el epicentro de los feminicidios cometidos en México.

Por sus propios medios, había logrado localizar al presunto feminicida de su hija: Sergio Rafael Barraza Bocanegra, expareja de la joven, quien fue detenido en Zacatecas y trasladado a Ciudad Juárez, donde confesó el crimen y señaló el lugar donde enterró los restos de Rubí.

Por "falta de pruebas", fue liberado. Marisela interpuso amparos hasta que un juez finalmente lo halló culpable, pero él permaneció prófugo.

En noviembre de 2012, luego de que se confirmara que Barraza Bocanegra había sido abatido en un enfrentamiento entre el Ejército y Los Zetas, el entonces gobernador, César Duarte, dio carpetazo a los casos de Marisela y Rubí.

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Irinea Buendía

En marzo de 2015, llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un caso de feminicidio: el de su hija Mariana Lima, presuntamente cometido en 2010 por su esposo, Julio César Hernández Ballinas, un policía judicial del Estado de México.

Las autoridades afirmaron que Mariana se había suicidado —incluso mostraron una carta—, pero Irinea nunca creyó en esa versión, pues el cuerpo de su hija tenía golpes.

Fue a cada Ministerio Público en busca de que alguien investigara el caso como feminicidio y que se detuviera a Hernández Ballinas. Hasta el 24 de marzo de 2015 —un día antes del cumpleaños de Mariana—, la SCJN ordenó reabrir el caso.

A lo largo de nueve años, Irinea ha organizado marchas para visibilizar la impunidad en los feminicidios en México. En 2018, gracias a su activismo, fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo.