El gobierno presume ahorros por 5,000 mdp y promete ir por más austeridad
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Apenas se aprobó la nueva Ley de Austeridad Republicana en la Cámara de Diputados y la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya está haciendo cuentas sobre los potenciales beneficios que esta norma podría generar y sobre cómo podrían aplicarse efectivamente, aunque todavía falta que el Senado la avale.
Tan solo con las medidas que ha emprendido la administración de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de enero de 2019, como la eliminación de seguros financieros con los que contaban los trabajadores del gobierno federal, se han ahorrado 5,000 millones de pesos, señaló la dependencia en un comunicado.
Recomendamos: Las claves de la nueva Ley de Austeridad Republicana
Además, entró en vigor el nuevo tabulador de sueldos y salarios de los funcionarios, con lo que se establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la del presidente de la República: 108,000 pesos.
La titular de la SFP, Irma Sandoval, celebró la aprobación de la ley porque considera que es un factor clave para acabar con los derroches, la corrupción y la impunidad, así como para recuperar los recursos que le corresponden a la sociedad.
De acuerdo con la funcionaria, se busca adelgazar el gasto burocrático del gobierno. "El gobierno austero es aquel que no malgasta en cuestiones superficiales y vanas el dinero público, sino que destina la mayor parte de sus recursos a los propósitos reales de desarrollo y justicia social", señaló.
Conoce más: Los 50 puntos de AMLO para prevenir la corrupción
La SFP, "la guardiana"
Se contempla que la SFP sea la guardiana de los principios de austeridad republicana, al ser responsable de vigilar el cumplimiento de esta ley en la administración pública federal.
"Con la política de austeridad que esta ley fomenta, se busca que el Estado mexicano deje de estar al servicio de una minoría y represente a todos los mexicanos", expone la SFP.
Entre las medidas planteadas en la nueva ley se encuentra la eliminación de privilegios como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva, no más arrendamiento de vehículos de lujo, pago de servicios de telefonía fija y móvil, ni tampoco de gasolina.
Además, contempla algunas reglas para los servidores públicos, como que no pueden ocupar puestos en empresas que hayan supervisado o regulado, hasta después de cinco años, y que tanto a subsecretarios de Estado y superiores, así como a los titulares de organismos de control directo, se les permitirá contar con un chofer.
Aunque la ley plantea que todas las compras serán bajo licitación pública, no solo el 70%, con excepciones plenamente justificadas, en esta administración ya se hicieron compras sin este principio.
