Los priistas acusan que el caso Marín es usado para golpearlos políticamente
PUEBLA, Puebla (ADNPolítico).- A unos días de que empezó a difundirse la versión de que se giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador poblano Mario Marín —por su relación con los actos de tortura contra la periodista Lydia Cacho—, la dirigencia del PRI en el estado entró al debate sobre el tema y acusó que esos señalamientos son un golpe político para perjudicar a su candidato al gobierno estatal, Alberto Jiménez Merino.
En una conferencia de prensa este lunes, el coordinador de la campaña priista en la capital y particular del propio Marín, Ramón Fernández Solana, junto con el líder del PRI en la entidad, Lorenzo Rivera, aseguraron que no han podido corroborar que la información sea verídica. Agregaron también que Marín está de vacaciones y no es un prófugo de la justicia, como han señalado usuarios de redes sociales.
“Yo quiero señalar que no hemos tenido comunicación con el licenciado Marín. Estamos en un periodo vacacional y él está de vacaciones. No tenemos absolutamente nada confirmado al día de hoy. El día de hoy, a mi parecer, esto responde más a un tema político de presión que a una orden judicial”, dijo Fernández Solana.
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La versión sobre la existencia de una orden de aprehensión contra Marín fue difundida en un inicio por el columnista local Mario Alberto Mejía y, a su vez, fue retomada por algunos medios tanto locales como nacionales.
Ante ello, Fernández Solana insistió este lunes en que Marín fue exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2008 “y ya no puede ser juzgado por el mismo delito”.
“De confirmarse el asunto del licenciado Mario Marín, quiero decirles que es muy grave que se use la justicia como garrote político. Es muy grave que los poblanos vivamos tiempo de regresión en donde la persecución política con fines electorales daña a los poblanos”, añadió.
En 2006, Marín fue señalado como parte de un grupo de funcionarios involucrados en la detención arbitraria y tortura de Cacho en 2005, en represalia por sus investigaciones sobre una red de pederastia en la que implicaba al empresario mezclillero Kamel Nacif. Desde entonces, autoridades determinaron que efectivamente se violaron los derechos humanos de Cacho, aunque hasta ahora no se han fincado responsabilidades al exgobernador.
Abogados consultados por ADNPolítico señalaron que el delito de tortura no prescribe por tratarse de una violación directa de la dignidad humana, por lo que los acusados pueden ser juzgados en cualquier momento.
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¿Cuál es la versión difundida?
El fin de semana, en una columna publicada en 24 Horas Puebla, Mejía aseguró que, el 11 de abril, María Elena Suárez Préstamo, magistrada del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en el estado de Quintana Roo, giró órdenes de aprehensión contra Marín y quien fue su director de la entonces Policía Judicial, Adolfo Karam.
Según la misma versión, también se libraron órdenes de detención contra el empresario Nacif y contra el excomandante Juan Sánchez Moreno.
Hasta ahora, la situación no ha sido confirmada por ninguna autoridad judicial.
