La Auditoría detecta posibles desvíos en Diconsa por 325 mdp en 2017

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Diconsa, el organismo perteneciente al gobierno federal encargado de llevar productos de la canasta básica a comunidades rurales y marginadas, está en la mira de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esto se debe a que, en su más reciente informe —relativo a la Cuenta Pública de 2017—, el órgano fiscalizador advierte que detectó posibles desvíos por 325.2 millones de pesos. El año en cuestión fue el penúltimo del gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La Auditoría señala que Diconsa incurrió en un esquema similar al detectado en otros años para desviar recursos públicos, que se da cuando una institución de gobierno firma un convenio con una universidad pública y esta, a su vez, subcontrata a empresas para que cumplan con el servicio contemplado, sin que se compruebe si esto se lleva a cabo o no.

Tal mecanismo es el documentado en la investigación periodística “La estafa maestra”, que rastreó cómo las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) establecieron convenios con universidades que contrataron a compañías fantasma, lo que derivó en desvíos millonarios.

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En el caso de Diconsa en 2017, la ASF detectó que firmó un convenio con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM), el cual, al no contar con capacidad para cumplir lo convenido, subcontrató a empresas.

“Se constató que (el convenio) es improcedente e indebido, toda vez que dicho fondo no contaba con las atribuciones y facultades jurídicas para celebrarlo al estar en proceso de extinción y liquidación”, dice el informe de la Auditoría.

“Durante seis años consecutivos la ASF ha denunciado el desvío de recursos públicos mediante el esquema de adjudicaciones directas, consistente en la asignación y celebración recurrente de contratos y convenios entre entidades y dependencias de la administración pública para la prestación de diversos servicios y adquisiciones”, agrega.

Diconsa, además, realizó “pagos indebidos” al Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ISTCO) por 63.2 millones de pesos. La erogación fue para que el ISTCO le brindara “Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo”, pero Diconsa no tenía autorización para utilizar para ello la partida presupuestal de la que tomó el dinero.

Por esas irregularidades, que en conjunto ascienden a recuperaciones probables por casi 400 millones de pesos, la ASF hizo seis observaciones. Una de ellas ya fue solventada por Diconsa. Las cinco restantes generaron siete llamados a que se sancione a servidores públicos, entre otras cosas.

Durante el periodo de transición, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer planes para que Liconsa y Diconsa se fusionaran en un nuevo organismo: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

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La nueva instancia ya fue creada, aunque Diconsa a la fecha sigue con vida. De hecho, según se dio a conocer en enero, será la dependencia que se encargue de distribuir los nuevos productos de la canasta básica en zonas marginadas .

Ahora bien, la operación de Diconsa no fue el único aspecto de la política social de Peña Nieto con observaciones en 2017. Otros programas fueron señalados por diversas irregularidades.

Fallas en la atención a adultos mayores

La ASF también muestra que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) no contó con un diagnóstico adecuado, actualizado y congruente con sus objetivos que le permitiera conocer el número de personas de 65 años y más en situación de desamparo, marginación o maltrato. Por esa razón, concluye el órgano fiscalizador, el Inapam no pudo brindar correctamente los servicios que necesitaba este sector.

En cuanto al programa de de Pensión para Adultos Mayores, en 2017 benefició a 5.3 millones de ciudadanos, lo cual, según la ASF, representa apenas 56.2% del total de la población en ese grupo de edad.

López Obrador, quien impulsó el apoyo a este programa en el nivel local cuando fue jefe de gobierno de la capital del país, ha prometido duplicar el monto que se da a los beneficiarios, para llegar a unos 2,400 pesos bimestrales.

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Apoyo para mujeres, sin seguimiento

Otro punto señalado por la ASF es el de las fallas en el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). Dicho programa buscaba apoyar a nivel local las políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres.

En la Cuenta Pública de 2017, la ASF encontró que el Indesol hizo pagos sin comprobar que este dinero en efecto se destinara a la ejecución del PAIMEF, además de que no contó con un procedimiento de adjudicación ni con entregables.

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Ojo a los comedores comunitarios

En este programa, dirigido a población en situación en pobreza extrema o con carencia alimentaria severa, la ASF detectó que la Sedesol no hizo una investigación de mercado que le permitiera establecer el mejor convenio posible con Diconsa para el equipamiento de estos comedores, así como para el suministro, abasto y almacenamiento de alimentos.

Además, se hicieron pagos por 19.1 millones de pesos por alimentos, sin que existieran pruebas que sustentaran la erogación. Hubo otro pago por 27.1 millones de pesos en el que no coinciden los montos, y otro más, por 51 millones de pesos, para el pago de prendas y la impresión de recetarios, sin que se acreditara que dichos bienes en realidad se distribuyeran.