Los funcionarios que incumplen con los compromisos anticorrupción de AMLO
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La promesa de hacer transparentes los bienes de los funcionarios y de sus familiares cercanos en el nuevo gobierno, tal como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta ahora se ha quedado a medias.
En las declaraciones patrimoniales que presentaron los integrantes del gabinete legal y ampliado y del círculo próximo al mandatario, hay algunas que están cerradas, otras que proporcionan información incompleta y algunas más que no incluyen información de los familiares de los servidores públicos.
Con ello, estas personas incumplen con el punto 7 de los 'mandamientos' anticorrupción del presidente López Obrador, que dice:
Todo funcionario debe presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos, y será pública y transparente en todos los casos".
Es más: si este punto se sigue al pie de la letra, ni el propio presidente se salva, pues aunque en su declaración incluye información de su esposa, la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, en el documento no hay datos de las propiedades de sus hijos mayores: Andrés Manuel, Gonzalo y José Ramón López Beltrán.
Lo mismo ocurre con otros 17 funcionarios del gabinete legal y ampliado quienes, aunque cumplieron con presentar su declaración patrimonial, no incluyen datos sobre sus familiares cercanos, como su pareja e hijos.
Únicamente la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aportó información sobre los bienes de su pareja a través de una aclaración.
¿Quiénes son los incumplidos con este punto, que forma parte de una lista de 50 lineamientos dados a conocer en el periodo de transición?
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Los que reservaron su información
En esta categoría están dos secretarias: Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Josefa González Blanco, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ambas rechazaron hacer pública tanto su información patrimonial como la de posibles conflictos de interés.
Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), renunció a su salario como funcionaria pública, pero ha sido cuestionada por la pensión que recibe por parte del Poder Judicial, en el que trabajó por más de 20 años. Hasta agosto de 2018, además, fue titular de la Notaría 182 en la Ciudad de México, y en ese mismo mes dejó su lugar en el Consejo de Administración de Grupo Banorte; esto último no aparece como parte de su trayectoria.
Sobre Gonzalez Blanco, en su declaración únicamente detalla que hasta diciembre pasado fue directora de Acajungla, AC, organización dedicada a la protección de vida silvestre, la cual opera el Ecoparque Aluxes Palenque, en Chiapas.
Otro funcionario que reservó su patrimonio es el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez.
¿Y los posibles conflictos de intereses?
En un inicio, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, había reservado su patrimonio y, aunque posteriormente hizo públicas sus propiedades, no fue así con sus posibles conflictos de interés, que rechazó dar a conocer, según se constata en el documento disponible en Declaranet.
En esa misma situación está Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien desde un inicio publicó su información patrimonial —inmuebles, vehículos y cuentas bancarias—, pero, como su compañero de gabinete, se reservó sus conflictos de intereses.
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¿Y los hombres del presidente?
De los ocho hombres que acompañan al presidente en Palacio Nacional, en la estructura de la Presidencia de la República, cinco no han presentado su declaración patrimonial. Entre ellos están César Yáñez Centeno, coordinador de Política y Gobierno; Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de Asesores, y Jesús Ramírez Cuevas, titular de Comunicación Social.
Lo mismo ocurre con Daniel Asaf Manjarrez, quien es el jefe de la Ayudantía que protege al presidente, y con Raymundo Artís Espriú, coordinador de la Estrategia Digital nacional.
El presidente dio como fecha límite para que todos hagan públicos sus bienes este miércoles 30 de enero; incluso, dijo que ya habló de ello con sus colaboradores. Ahora, la pregunta que queda en el aire es si habrá consecuencias para quienes sigan sin cumplir.
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