El INE lleva ante la Corte su molestia contra el recorte a su presupuesto
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.
Aquí te explicamos cuál es la polémica.
El recorte al INE
En noviembre de 2018, el INE aprobó su proyecto de presupuesto para 2019: pedía 16,313 millones de pesos en total, de los cuales 11,347.2 corresponderían a gastos para su operación y 4,965.8 para el financiamiento público a los partidos políticos.
Sin embargo, en diciembre, la Cámara de Diputados redujo el monto en 950 millones, con lo que lo dejó en 15,363.
¿Qué argumenta el INE?
El INE argumenta que esta reducción le impedirá actuar de forma independiente y autónoma, así como:
- Participar en la organización de las elecciones que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla.
- Expedir millones de credenciales para votar gratuitamente.
- Fiscalizar los recursos de los partidos y las candidaturas.
- Monitorear las transmisiones de radio y televisión.
- Cumplir con otras obligaciones constitucionales y legales.
El organismo considera también que en el decreto del PEF no hay una sola explicación ni fundamentación al recorte, "sino que el monto se remite a un anexo", y reclama: "(esta) disminución adicional de recursos a la autoridad electoral por parte de la Cámara de Diputados ocurre en un contexto de aumento del gasto público".
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¿Por qué presentar una controversia?
Ante esta situación, los consejeros electorales decidieron seguir la ruta que marca el artículo 105 de la Constitución: promover ante la SCJN una controversia constitucional contra el PEF.
El INE considera que la Cámara de Diputados no puede válidamente realizar una reducción presupuestaria sin justificación, motivación ni fundamentación, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone y sin estar en un contexto de reducción del presupuesto público general. También se queja de obstáculos al cumplimiento de sus funciones y de violaciones a su autonomía financiera y su independencia económica, así como de afectaciones a los derechos de los trabajadores del órgano.
