CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La Procuraduría General de la República (PGR) deberá dar a conocer los nombres de los funcionarios investigados o citados a declarar en la trama de Odebrecth, ordenó este miércoles el INAI.
El Instituto de Transparencia consideró que este es uno de los casos de mayor interés público, debido a las investigaciones que se realizan a nivel internacional sobre una red de sobornos en la que también estarían involucrados funcionarios mexicanos.
Al presentar el asunto ante el Pleno del INAI, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó que las indagatorias se llevan a cabo en aproximadamente 20 países. En México, recordó, las irregularidades habrían ocurrido entre 2010 y 2014 a través de funcionarios de Pemex.
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"En la carpeta de investigación iniciada en México obran declaraciones de servidores públicos y exfuncionarios de Pemex, que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública, asignados al conglomerado brasileño, así como a directivos de dicha empresa, incluido su expresidente”, dijo Ibarra Cadena.
La comisionada refirió que la única forma que la sociedad tiene de constatar los avances de la investigación y de quiénes son las personas involucradas es mediante el conocimiento los nombres de los funcionarios y exservidores públicos presuntamente implicados.
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El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, consideró que es indiscutible el interés público por saber los nombres las personas que están bajo investigación por el caso Odebrecht, por lo que no solo le pidió a la PGR que cumpla esta resolución, sino también la emitida el pasado 2 de octubre, cuando se le ordenó informar sobre las actuaciones de los agentes del Ministerio Público federal a cargo de la averiguación.
“Esperamos que los nuevos titulares (de la PGR) naturalmente, conforme a derecho corresponde, acaten esta instrucción del INAI, la que está pendiente y otras que se vengan acumulando, con independencia, desde luego, de lo que ellos quieran hacer valer desde su lógica interpretativa”, puntualizó.
La PGR clasificó la información como reservada, argumentando que su difusión menoscabaría las facultades de investigación del Ministerio Público, por lo que un particular llevó a cabo un requerimiento de información adicional a la dependencia.
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