Declaraciones 2.0: esto deberán informar los funcionarios en 2019

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) - En poco más de siete meses, todos los funcionarios públicos deberán presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses en un nuevo formato. Además de lo que reportaban en su informe '3 de 3', impulsado por organizaciones de la sociedad civil, ahora deberán detallar activos y pasivos, es decir cuánto tienen y cuánto deben.

El nuevo formato fue aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); entrará en vigor entre el 1 de diciembre de 2018 —cuando será el cambio de gobierno— y el 30 de abril de 2019.

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Para Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana e impulsor de la Ley #3de3, los formatos de declaraciones por sí mismos no resuelven la corrupción, pero sí son “materia prima” fundamental para la prevención e investigación de la comisión de este tipo de delitos.

Estas son las claves de los nuevos formatos de declaración.

¿Qué es el “Formato Nacional para la Declaración Patrimonial y de Intereses”?

Es una plantilla en la que, obligatoriamente, todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público deben informar cuáles son sus bienes, su sueldo, sus relaciones de interés, etc.

El formato es una herramienta para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, pues facilita el análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos y la identificación de posibles conflictos de interés.

¿Cómo se llegó a un nuevo formato?

Una de las tareas del SNA era establecer un nuevo formato las declaraciones patrimoniales y de interés de los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno.

El encargado de diseñar el formato fue el Comité de Participación Ciudadana (CPC), mientras que los entes que conforman el Comité Coordinador —entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)— revisaron que los datos que hacen públicos no afectaran los derechos de los servidores y aprobaron la plantilla.

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¿Qué es lo nuevo en el formato?

A diferencia del actual formato, el nuevo aplicará para los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión y órganos autónomos.

Consta de cuatro apartados: “Información Personal”, “Ingresos”, “Activos”, “Pasivos” e “Intereses”, con los que se prevé tener información suficiente sobre los funcionarios y sus familiares, aunque de estos últimos no todos los datos serán públicos.

¿En qué consiste cada apartado?

La presidenta del Comité Coordinador y del CPC, Mariclaire Acosta, señala que existirán dos formatos: uno simplificado y uno amplio, el cual deberán presentar los funcionarios incluidos en los grupos 1 y 2 como son los servidores de alto rango y que tienen una responsabilidad clave, y los de rango medio, quienes no tienen funciones consideradas clave, pero sí tienen sueldo medio.

En el tercer grupo —que solo presenta el formato simplificado— están quienes tienen un rango operativo, mandos bajos o de operación y no tienen una responsabilidad clave.

El apartado de intereses tiene nueve subsecciones con el detalle de empresas, sociedades o asociaciones, representación activa y pasiva en ellas, relación clientes, socios comerciales y beneficios distintos al dinero en efectivo.

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La sección de ingresos contiene la información de los sueldos y salarios que recibe como funcionario público y por otros empleos y actividad empresarial, así como por arrendatarios, premios, etc.

En el apartado de activos deben reportar sus bienes inmuebles y muebles, inversiones, posesión de efectivo y metales, fideicomisos, bienes intangibles, cuentas por cobrar, uso o beneficio en especie propiedad de un tercero.

En el de pasivos, detallar deudas ya sea financieras o con otras personas y otras obligaciones por concepto de arrendamiento, programas de compra o plazos.

¿Qué no se aprobó en el formato?

El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, consideró que los bienes patrimoniales de funcionarios y terceros directos o indirectos (familiares) y los montos y saldos en cuentas bancarias de los funcionarios deben ser públicos. Sin embargo, en el formato avalado por el SNA se mantuvo la obligación de informar solo el porcentaje de aumento o disminución de ambos recursos.

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