Los temas 'incómodos' que han tensado la relación entre México y la ONU
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) - Transparencia y derechos humanos son los temas en los que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quiere enfocar la relación de México con la ONU, la cual ha estado marcada en el actual gobierno por importantes diferencias.
Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, es el nominado del morenista para representar a México ante el organismo internacional con la consigna de que Naciones Unidas constate que en el país “nunca más se van a cometer violaciones a los derechos humanos, como han significado casos tristes como el de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”.
El caso de los normalistas, además de las recomendaciones que este organismo ha hecho al gobierno por temas como los feminicidios, la desigualdad y la crisis de desplazados en estados como Chiapas han tensado esta relación con el actual gobierno.
A continuación te presentamos un recuento de estos episodios:
El caso Iguala
En marzo pasado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe que evidenció 34 casos de tortura cometidos por elementos de la PGR, la Secretaría de Marina y la Policía Federal, entre otras instituciones, en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida hace casi cuatro años en Iguala, Guerrero.
Entre las prácticas documentadas por el organismo están la aplicación de toques eléctricos, violencia sexual, amenazas de muerte, golpes en distintas partes del cuerpo, asfixias y ahogamiento, lo que concuerda con hallazgos presentados por otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esta situación derivó en una serie de recomendaciones al gobierno mexicano como la creación de un Consejo Asesor contra la impunidad, así como la creación de una Fiscalía General autónoma con órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas.
Dos meses después de esta recomendación, el gobierno mexicano refutó a la ONU a través de un documento de 23 páginas en el que aseguró que las investigaciones sobre el caso Iguala aún estaban en curso, por lo que las conclusiones del informe eran “prematuras” y podrían afectar sus eventuales resultados.
“En el documento de observaciones, después de haber realizado los dictámenes periciales en el marco del manual de investigación conocido como el Protocolo de Estambul, que aporta los estándares y parámetros mínimos mediante los cuales puede comprobarse la existencia de tortura, los resultados a la fecha no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos”, fue la respuesta que emitieron la Secretaría de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y la PGR.
Después de las críticas del gobierno mexicano, desde Ginebra, Suiza, la ONU reafirmó la solidez del informe, su metodología y hallazgos. Además, reiteró su llamado a las autoridades mexicanas a que implementaran las recomendaciones derivadas de la investigación.
Medidas urgentes contra los feminicidios
La ONU instó esta semana al Estado mexicano a asegurar que el feminicidio es criminalizado en todos los códigos penales de los estados del país y a adoptar "medidas urgentes" para prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones de mujeres.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó el 23 de julio sus conclusiones sobre la situación en México después de que este país se sometiera por novena vez al escrutinio de sus expertos el pasado 6 de julio.
La vicepresidenta del CEDAW, Magalys Arocha, dijo en rueda de prensa que el diálogo con la delegación mexicana multisectorial ha sido "muy activo y constructivo" en medio de unas "muy complicadas condiciones" en el país en lo que se refiere a la situación de las mujeres, que es "mala".
El Comité reconoció los esfuerzos de México para "superar el clima general de violencia y promover los derechos de las mujeres".
No obstante, lamentó que los "persistentes altos niveles de inseguridad, violencia y del crimen organizado, así como los retos asociados con estrategias públicas de seguridad, afecten negativamente al disfrute de los derechos de las mujeres y niñas", entre ellas las indígenas y las afromexicanas.
Recomendación por agresiones a activistas
Los altos niveles de corrupción, desigualdad, violencia e impunidad en México fueron el motivo de una serie de recomendaciones por parte de la ONU, también en marzo.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por los "graves actos de violencia" cometidos en contra de defensores de derechos humanos en el país, así como actos de discriminación en contra de las mujeres, en particular las de origen indígena. Asimismo, cuestionó la falta de mecanismos efectivos para evitar este tipo de violaciones a los derechos de las personas.
“Las medidas adoptadas para brindarles protección no son suficientemente efectivas, en parte, debido a la falta de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales y a la falta de asignación de recursos suficientes para su implementación”, dice el documento que puedes consultar aquí .
Atención a desplazamiento forzoso en Chiapas
El desplazamiento forzado de más de 4,000 personas en Chiapas, principalmente en los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, es otro de los temas que ha derivado en exigencias por parte de la ONU al gobierno mexicano al que exhortó a dar una solución adecuada.
“La trágica situación actual es inadmisible y requiere una respuesta pronta y adecuada que provea a las personas afectadas de la seguridad necesaria, una ayuda humanitaria inmediata y culturalmente adecuada, así como la generación de todas las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro a sus hogares, proveyéndoles también de protección en los mismos", señaló la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un comunicado.
Señaló que el Estado mexicano debe atender el tema del desplazamiento de manera estructural, tomando en cuenta el orígen y consecuencias de cada caso.
Te recomendamos: Juan Ramón de la Fuente, la propuesta de AMLO para la ONU
El conflicto con el relator de tortura
En 2015, el gobierno de México se confrontó con Juan Méndez, entonces relator especial de la ONU, quien escribió un reporte en el que sostuvo que la tortura es una práctica "generalizada" entre las autoridades del país.
Tras una visita a México en 2014, Méndez destacó en un informe que “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”.
El gobierno dijo que ese informe carecía de fundamento y tanto el entonces canciller José Antonio Meade como el subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo que el relator había actuado de manera "irresponsable, poco ética y sin sustento".
"Jamás vi mi integridad ni mi ética cuestionadas, hasta ahora. Quienes ocupamos las posiciones de expertos independientes de Naciones Unidas estamos acostumbrados a ser acusados de haber violado el Código de Conducta para los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, pero debo decir que jamás esperé una acusación de México en ese sentido", reviró Méndez en una misiva difundida días después.
Lejos de quedar ahí, este episodio se extendió y un año después, en 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó la petición de Méndez de visitar México con el argumento de que estaban programadas las visitas de otros expertos y era imposible agendarlo cuando concluyera su misión.
En 2017, en su informe de seguimiento sobre México difundido, el relator dijo que a dos años de su visita en el país, la tortura y los malos tratos siguen siendo “generalizados”, entre ellos “la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica”.
Este año, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Otros Tratos o Penas Crueles reiteró que la tortura es una práctica generalizada, aunque reconoció que existen avances legislativos en materia de prevención de este tipo de prácticas.
