El gobierno mexicano calificó de "prematuras" las conclusiones que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ofreció en su reporte de la Investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en 2014.
En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) también anunciaron que este año presentarán un informe con las conclusiones de sus indagatorias sobre el llamado Caso Iguala.
De acuerdo con el documento presentado por la ONU-DH en marzo pasado, esa instancia documentó que al menos 34 imputados en la desaparición forzada de los normalistas fueron víctimas de tortura. Sin embargo, la administración de Enrique Peña Nieto aseguró que esos asuntos "se encuentran aún bajo investigación".
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México ofreció agotar todas las líneas de investigación en el Caso Iguala y continuar trabajando con el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de obtener conclusiones este año.
"La Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra hizo entrega a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) de un documento con las observaciones del Gobierno sobre el contenido del Informe titulado “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa”, que fue publicado por la ONU-DH el 15 de marzo", se indica en el comunicado.
La versión íntegra del documento de 23 páginas fue colocada en la página oficial del gobierno de la República .
La disputa
La ONU-DH informó que "examinó información sobre 63 personas, de un total de 129 personas procesadas en relación con los eventos ocurridos en la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala. En 51 casos, la ONU-DH obtuvo información que indicaba posibles actos de tortura. Este informe está basado en el análisis de 34 de estos casos, en los que la ONU-DH tiene fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos".
En respuesta, la PGR afirma que "la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), a través de la ahora Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT), inició desde el 20 de abril de 2016, 27 averiguaciones previas en las cuales se encuentran relacionadas 128 presuntas víctimas de tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias, entre otros".
Informó que la PGR atrajo las investigaciones del caso el 5 octubre de 2014. Desde entonces, "varias personas han sido puestas a disposición de las autoridades correspondientes por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), la Policía Federal (PF) y la Secretaría de Marina (SEMAR). El Informe considera algunos de estos casos como irregulares debido a varias razones, como la supuesta falta de control en el registro de los funcionarios que llevaron a cabo las detenciones, supuesta falta de información sobre la detención".
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La cronología
1. El 22 de febrero de 2017, el gobierno mexicano y la Oficina del Alto Comisionado celebraron un Acuerdo sobre la Continuidad de las Actividades del Organismo en México.
2. Ahí se establecieron los parámetros de cooperación.
3. En dicho Acuerdo se establece que la Oficina podrá dar seguimiento a la situación de los derechos humanos, pero se abstendrá de emitir declaraciones concluyentes en las que se identifique a personas u organizaciones concretas como legalmente responsables de los hechos que se les imputan.
4. El 11 de julio de 2017, mediante un comunicado dirigido al Alto Comisionado, el gobierno mexicano destacó que emitir algún pronunciamiento público sobre este caso podría ser prematuro.
5. En contravención del Acuerdo y haciendo caso omiso del comunicado el 15 de marzo de 2018, el representante del Alto Comisionado presentó públicamente el documento: “Doble Injusticia”.
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