La red con la que sistemas de radio y TV estatales desviaron millones 💸

Los sistemas de radio y televisión de los estados de Sonora, Quintana Roo e Hidalgo tienen algo en común: en 2016 fueron utilizados para desviar 2,130 millones de pesos (mdp) de recursos públicos provenientes del gobierno federal.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un esquema de triangulación de fondos que fueron transferidos desde las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo, Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) a estos organismos. ¿Cuál fue el mecanismo empleado? Convenios de colaboración en materia de comunicación institucional.

En dichos acuerdos —firmados bajo el amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público— se establecía que los sistemas de difusión estatal se encargarían de desarrollar materiales audiovisuales para medir el impacto de programas federales. Sin embargo, sólo sirvieron como vía para obtener recursos de manera irregular.

Los posibles desvíos se realizaron a través de 126 proveedores, que fueron subcontratados para llevar a cabo los trabajos que expresamente correspondían a los aparatos estatales y a la Universidad Politécnica de Quintana Roo, que fue contratada para prestar servicios de tecnologías de la información.

¿Cómo operó este esquema de corrupción? Aquí lo detallamos.

Los convenios

Entre 2014 y 2016, la Sedatu y la Sedesol —las dos a cargo de Rosario Robles— firmaron convenios con Televisora de Hermosillo (Telemax), Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), para la producción de contenidos audiovisuales.

Un acuerdo así también se firmó con la Universidad Politécnica de Quintana Roo, a la que se solicitó construir un modelo de notificación, supervisión y seguimiento para el Programa de Infraestructura 2016, en materia de ampliación de la vivienda.

Para dichos proyectos, la bolsa asignada por las dependencias federales fue de 2,130 mdp.

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Las subcontrataciones

A pesar de que, por ley, los sistemas de difusión y la universidad debían contar con capacidad técnica, humana y material para realizar los proyectos establecidos en los convenios, al final los cuatro organismos subcontrataron a 126 proveedores, a los que pagaron 2,010 mdp.

Esa cantidad representa 94.3% del total de los recursos obtenidos desde la Federación, lo que supera el límite legal que establece que los organismos pueden contratar un máximo de 49% del monto convenido. En el proceso de auditoría, los verificadores entrevistaron al entonces rector de la universidad, José Luis Pech Galera, quien señaló que los convenios se hicieron a invitación de la Sedatu.

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Empresas fantasma y otros demonios

Más allá de las subcontratación de servicios, en la revisión de la Auditoría se detectó que las empresas y personas físicas contratadas para realizar los proyectos incurrieron a su vez en otras irregularidades. Incluso, algunas de ellas no fueron localizadas en sus domicilios, entregaron facturas con conceptos similares o estaban dadas de alta con prestanombres.

Entre los proveedores que no fueron localizados están Publicidad Natnit, en cuyo domicilio informaron que tres años atrás se había asentado un despacho de contadores; Desarrollo Publicitario ADP, constituida por dos personas físicas, una de ellas extrabajador del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, quien declaró no saber leer ni escribir, y Agatha Líderes Especializados, la cual obtuvo contratos con el SQCS y Telemax.

Sub-subcontratación

Al tiempo que recibían recursos de los organismos estatales, las empresas contratadas destinaron a su vez fondos a otras 43 empresas por un monto de 1,501 mdp, sin que se pudiera acreditar que dichos pagos se realizaron ni tampoco el motivo.

Entre los nombres que figuran en esta nueva triangulación están Banco Monex y CI Banco e Institución de Banca Múltiple, que en total recibieron 66 mdp, los cuales fueron destinados a la compra de dólares que fueron depositados en cuentas ubicadas en EU, Pakistán, China, Corea del Sur y Dinamarca.

Las consecuencias

Las anomalías detectadas por la Auditoría derivaron en acciones que van desde pedir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que verifique el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas, hasta promover sanciones contra los funcionarios que firmaron los convenios irregulares.

Además, a los representantes legales de las empresas implicadas en los casos relacionados con el SQCS y Telemax se les multó por no haber atendido las solicitudes de información relacionadas con los convenios.

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