En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal detalló que las investigaciones contra el exgobernador perredista son de tiempo atrás y están vinculadas con la construcción de cárceles locales en las que se incurrió en el delito de peculado.
“Después de muchos problemas procesales frente a los jueces federales, por fin la Fiscalía pudo judicializar el caso. Eran cinco personas en primera instancia las que estaban involucradas, entre ellos el exgobernador”, destacó.
Explicó que cuatro exfuncionarios del gobierno de Aureoles intentaron evitar su responsabilidad penal para lo que buscaron apegarse al criterio de oportunidad, sin embargo, fueron detenidosy vinculados a proceso.
Se trata de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Antonio Bernal, exsecretario de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa.
La FGR señala a los cinco funcionarios del gobierno de Michoacán por la adjudicación directa de contratos a la Inmobiliaria DIP, pero que generaron un desfalco de de 3, 412 millones de pesos al estado de Michoacán.
