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PAN y PRI en Nuevo León acusan a Samuel García de “terrorismo político”

Priistas dicen que Samuel García busca votos legislativos para poder pedir licencia e irse a la contienda de 2024.
mar 12 septiembre 2023 07:07 PM
Samuel García, gobernador de Nuevo León, durante el evento del canje de armas.
Samuel García ha sonado para competir por la Presidencia de México en 2024.

Diputados federales y locales del Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN) en Nuevo León denunciaron que son víctima de “terrorismo político” por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, para cooptarlos o hacerlos renunciar para ampliar una bancada afín.

La Legislatura inició con cinco diputados de MC y hoy, gracias a esa estrategia, acusaron, ya “compró” seis y tiene 11 legisladores naranjas; “lo que quiere es que el Congreso le autorice ir a competir en 2024, (pues) él presume que está protegido por Morena”, acusó la diputada y secretaria general priista, Carolina Viggiano.

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El Congreso del estado lo integran 42 diputados, de los cuales Morena tiene dos, MC once, el Partido Verde uno, lo que haría, según la denuncia de los opositores, una bancada afín al gobernador emecista, de 14 legisladores, el 33% del Poder Legislativo local. En tanto, el PRI tiene 13 diputados, el PAN 14 –que suman 27- y hay un independiente.

Myrna Grimaldo, del PAN, detalló el “modus operandi”. Primero “van por suplentes, los afilian y luego presionan a los diputados propietarios para hacerlos renunciar y que queden los suplentes”, y la forma de operar del gobierno del Nuevo Nuevo León es la extorsión, las amenazas”.

Advirtió que desde diciembre a la fecha hay más de 130 decretos sin publicar y todo se agudizó desde que en diciembre la oposición se negó a autorizarle el tarifazo de transporte y el aumento a tarifas de agua, “a partir de ahí empezaron más crudas las amenazas”.

El bloque de legisladores acudió a la Cámara de Diputados federal a denunciar unas 300 acciones de acoso de MC para forzarlos a someterse y que van desde clausura de negocios, despachos u oficinas, con uso de la Secretaría de Salud local, del Trabajo, o del área de protección civil, colocación de reductores de agua a sus tomas o domicilios de sus familias, despido de familiares de empleos en el gobierno o incluso de empresas privadas.

La diputada local priista Perla Villarreal relató que en su caso ha contabilizado “5 actos de molestia hacia mi persona y mi familia denunciados ante la fiscalía del estado de Nuevo León”, y se ha llegado al extremo de afectar a personas de igual apellido pensando que son familiares, pero no, lo cual también han denunciado los afectados, dijo.

“Lo que resulta realmente grave es la manera que utilizan a fuerza civil para llegar a amedrentar y privar de la libertad tanto a trabajadores, a mi familia y amigos” en clausuras de negocios de su familia, en operativos incluso de madrugada.

Las diputadas Grimaldo y Cecilia Robledo, del PAN, acusaron iguales presiones, con el agregado de que esta última acusó que su triunfo fue ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como diputadas plurinominal, y MC pretende que sea un expanista ahora cercano a ese partido, el que quede en la curul, “quiere descartar a 5 mujeres (enlistadas antes que él) para tener un diputado más, Oscar Flores, ex subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno.

Jessica Martínez diputada del PRI, advirtió además que la parálisis en la que se quiere tener al Congreso se debe a que Miguel Ángel Sánchez, ex responsable de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) y nuevo líder local de MC, es investigado como presunto corresponsable del deceso de un menor de 14 años en el albergue Fabriles de Monterrey y administrado por el DIF, quien falleció por causas desconocidas.

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