La Cofece llama al gobernador de Tabasco a frenar la "Ley Compadre"
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Las reformas a las leyes de Obras y de Adquisiciones aprobadas por el Congreso de Tabasco vulneran los principios de competencia y dan un margen amplio para otorgar contratos de manera directa, advierte la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
"Esta Comisión considera que las disposiciones antes señaladas son contrarias al proceso de competencia y libre concurrencia en las contrataciones públicas del Estado", señala el órgano regulador en una opinión enviada al gobierno de Tabasco, encabezado por el perredista Arturo Núñez, a quien pidió frenar la norma.
El Congreso tabasqueño aprobó una serie de modificaciones a estas leyes, conocidas como "Ley Compadre", para acelerar el otorgamiento de contratos en materia de energía y de la construcción de la refinería que pretende realizar el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
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Las modificaciones amplían los supuestos en que se puede dar un contrato a través de una asignación directa o una invitación restringida, cuando la entidad pública determine que los proyectos "detonen el empleo y mejoren la infraestructura impulsando el desarrollo económico del estado", según la modificación que se pretende hacer al artículo 45, fracción XI, de la Ley de Obras local.
"El Decreto omite ese aspecto esencial y pretende justificar la reforma en un elemento meramente temporal, deficientemente sustentado, toda vez que no se ahonda en cómo resultaría en un desarrollo más rápido de proyectos energéticos complejos, la contratación directa o por invitación restringida, frente a un escenario de licitación", expone la Cofece.
La construcción de esta nueva refinería quedará en manos de Pemex, según lo que ha planteado el equipo de transición del nuevo gobierno, por lo que la licitación para su construcción debe darse bajo las leyes que rigen a la petrolera nacional, apuntó la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios , la semana pasada. Pero las obras que queden en manos del gobierno estatal sí caerán en las leyes locales, lo que genera un riesgo de falta de competencia en esos procesos, añadió.
El ente antimonopolios pide al Ejecutivo estatal que frene el decreto aprobado por el Congreso local, ante el riesgo que supone para la competencia en las compras públicas, y lo envíe de vuelta al Legislativo con las observaciones de la Comisión.