Puebla se coloca (de nuevo) en la mira por alcaldes investigados

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) - En Puebla, todo parece indicar que las bandas dedicadas al robo de combustible están ganando la batalla. Los números de Petróleos Mexicanos (Pemex) demuestran que las autoridades no han logrado frenar las tomas clandestinas a pesar de que en el último año fueron desplegados más de 3,000 agentes, entre militares y marinos, para vigilar los ductos, principalmente en los municipios colindantes con Veracruz y Tlaxcala.

Tan solo en el primer semestre de este 2018 se registraron 1,175 'ordeñas', un 51% más en comparación que en el mismo periodo del año pasado. Con el número de operaciones de los llamado huachicoleros, este año la entidad se ubicó nuevamente en primer lugar a nivel nacional en concentrar el mayor número de tomas ilegales, posición que había abandonado en 2017.

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A la par que se descubren más tomas ilegales y se decomisan litros de hidrocarburo robado, conocido como huachicol, también han caído funcionarios públicos presuntamente ligados a estas bandas. En los últimos dos años, han sido detenidas al menos unas 20 personas, entre ellas los presidentes municipales de Atzizintla, José Isaías Velázquez Reyes y Pablo Morales Ugalde de Palmar de Bravo.

Filomeno Cruz, alcalde del municipio de Huixcolotla -situado en la zona conocida como triángulo rojo-, fue detenido el 14 de julio pasado por portación ilegal de armas y enfrenta los cargos en su contra en libertad.

La última funcionaria contra quien se inició una investigación es contra la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández para descatar que no esté protegiedo a bandas criminales, aunque no precisamente a ladrones de combustible, informaron autoridades estatales.

Las investigaciones por tráfico de gasolina alcanzaron a la familia Valencia Ávila después de una década de gobiernos ligados a este apellido en el municipio de Venustiano Carranza, en la Sierra Norte de Puebla. De hecho, en octubre próximo inicia el cuarto periodo consecutivo en el que un integrante de esta familia será alcalde.

Los ojos de la Procuraduría General de la República (PGR) se centraron aquí luego de que la madrugada del 7 de octubre la esposa del actual presidente municipal, Rafael Ávila Valencia, Ilse Lucía, fuera detenida en su casa junto con otras dos personas, en un operativo de la Policía Federal, en el que se hallaron 50,000 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita, seis armas de fuego, autos de lujo, además de un centro de monitoreo.

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Autoridades locales y federales confirmaron que integrantes de esta familia (incluido el alcalde saliente y entrante) son indagados con el fin de descartar o confirmar nexos con bandas criminales de la zona en donde este 'linaje' lleva diez años gobernando.

En el caso de Ilse Lucía, solo estuvo detenida dos días. Este 14 de agosto fue vinculada a proceso por el delito de portación de arma de fuego pero lo enfrentará en libertad. Su esposo, Rafael, se prepara para entregarle la estafeta a su hermano Vicente como alcalde de Venustiano Carranza. Es la segunda vez que Vicente gobernará esta ciudad, el primer periodo abarcó de 2008 a 2011. Entre 2011 a 2014, el presidente municipal fue otro de los hermanos, Jorge.

José Isaías Velázquez, alcalde de Atzizintla, fue uno de los primeros funcionarios en ser detenidos durante un operativo del gobierno de Antonio Gali Fayad contra el robo de gasolina, algo que ocurrió en marzo del 2017.

La Fiscalía General del Estado (FGE) lo relacionó con un grupo criminal presuntamente encabezado por Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bukanas, principal ladrón de gasolina en los municipios que conforman el triángulo rojo de Puebla (Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo y Acajete).

A la fecha, el militante del PRD sigue tras las rejas y enfrenta cargos por asociación delictuosa, así como delitos cometidos contra la administración y procuración de justicia.

Velázquez fue detenido durante el Operativo Encrucijada, el cual derivó del plagio y asesinato de tres agentes ministeriales, quienes investigaban secuestros en la zona de Atzizintla. En su momento, las autoridades locales aseguraron que el gobierno de Isaías Velázquez "entregó" a los agentes a un grupo criminal.

Actualmente, El Bukanas está prófugo de la justicia. Incluso el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quienes den información para su ubicación, pues en su estado es buscado por tráfico de gasolina, entre otros delitos.

Pablo Morales Ugalde estaba en su oficina en la presidencia de Palmar de Bravo (en el triángulo rojo) la mañana del 5 de julio de 2017 cuando fue aprehendido por agentes de la Marina.

Antes de ser trasladado a un penal federal en Veracruz, acusado de adquirir, administrar, poseer, depositar, retirar, dar o recibir recursos presuntamente desviados del municipio y provenientes de la venta de combustible robado, tres de sus gasolineras que operaban en la región fueron clausuradas.
fueron clausuradas.
Las investigaciones contra el político derivaron de auditorías realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las estaciones de servicio a principios del año pasado.

Según la explicación que dieron las autoridades federales en su momento, vendía más producto de que el que compraba.

Al poblano también se le señala de haber desplazado grandes cantidades de dinero a cuentas bancarias de su hija Paulina y de un empleado de confianza.

"Con los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación, el Juez de Control consideró que el imputado desvió recursos de las cuentas del municipio a diversos instrumentos financieros de terceras personas, quienes además recibieron depósitos millonarios de recursos que probablemente estén vinculados con la venta ilegal de combustible en la zona, cuyo origen ilícito, hasta este momento, su defensa no pudo desvirtuar", informó la Procuraduría en un comunicado de prensa en julio pasado.

Uno de sus hermanos, Ángel Morales, buscó convertirse en presidente municipal en Palmar de Bravo, pero estuvo secuestrado durante las campañas. Fue hallado con vida cerca de la elección del 1 de julio, pero las autoridades del estado evitaron dar mayores detalles.

Las investigaciones se extienden a otros alcaldes como Rafael Núñez de San Martín Texmelucan, en donde en mayo pasado fueron detenidos 119 policías, incluidos su director, Sinué Jerónimo León, y el comisario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Jacinto Fragoso, por supuestos nexos con bandas de ladrones de combustible.

Se trata de al menos cuatro alcaldes cuyos gobiernos terminan el 14 de octubre próximo, según han confirmado autoridades locales y federales.

En el caso de Núñez, está separado del cargo debido a que el 5 de junio solicitó licencia por 90 días para no "entorpecer" las investigaciones que existen en su contra por supuestos nexos con bandas de huachicoleros en el municipio que gobernaba, el cual es limítrofe con el estado de Tlaxcala.

Él ha negado toda relación con el crimen organizado.

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José Cruz del municipio de Amozoc también está en la lupa de las autoridades luego de que en un video difundido por supuestos policías de su gobierno, lo responsabilizaron de proteger a ordeñadores de ductos.

Las acusaciones se dieron luego de que el 15 de junio pasado fueran asesinados seis de sus agentes (cinco hombres y una mujer) por parte de ladrones de Gas LP.

En su momento, autoridades informaron que los uniformados recibieron el reporte de una riña por lo que acudieron a la colonia Signoret, en Amozoc, en donde fueron emboscados por hombres armados y posteriormente asesinados.

Juan Navarro del municipio de Chalchicomula de Sesma, mejor conocido como Ciudad Serdán, también está bajo investigación, luego de que el 21 de junio pasado el gobierno del estado asumió el control de la seguridad debido a sospechas de que policías municipales protegían a grupos criminales en la zona.

Cuando esto ocurrió, Navarro se encontraba con licencia pues en la pasada elección buscó convertirse en diputado federal pero perdió.

Un total de 17 de sus agentes fueron aprehendidos, incluido Ignacio Tobón quien ostentaba el cargo de supervisor de Seguridad Pública, aunque este cargo no existe en el organigrama.

Filomeno Cruz, presidente municipal del municipio de Huixcolotla -en donde opera el tianguis más grande en venta de combustible robado- también es investigado luego de que fuera detenido la madrugada del 14 de julio, junto con otros seis hombres armados en el municipio de Acatzingo, una de las demarcaciones del 'trángulo rojo'.

Aunque horas después quedó en libertad, continúa su proceso. Además, fuentes de la PGR aseguraron a ADNPolítico que forma parte de los ediles indagados por el exponencial crecimiento de los ladrones de combustible en esta zona.

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El último caso es el de Ernestina Fernández de Tehuacán, el segundo municipio más grande de Puebla, quien es investigada por la fiscalía local con el fin de descartar que en su administración (2014-2018) no haya brindado protección a bandas criminales.

De 205 de sus policías que fueron asegurados la mañana de este jueves por autoridades estatales y federales, 20 resultaron ser falsos, mientras que otros 113 no han sido localizados físicamente a pesar de estar dados de alta.

El secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano advirtió que la presidenta será llevada ante un juez si resulta implicada en las indagaciones que se llevan a cabo.

Aparte de los falsos policías, entre las primeras anomalías halladas a esta administración destaca que el centro de monitoreo del municipio no estaba conectado al C5, y operaba de manera paralela al área de seguridad local. El gobierno estatal informó que tomó el control de la seguridad pública por decreto a petición de empresarios y ciudadanos por alza en la incidencia delictiva.

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