Aguascalientes inhabilita a exsecretario de Gobierno por la entrega de notarías
La Contraloría de Aguascalientes inhabilitó del servicio público por 15 años al exsecretario de Gobierno del estado, Alejandro Bernal Ruvalcaba, por la posible entrega irregular de fíats notariales al final de la administración del priista Carlos Lozano de la Torre, en 2016.
“Después de un proceso de investigación, la Contraloría concluyó que tuvo una actuación no apegada a la norma en cuanto a la emisión de algunos fíats notariales”, confirmó Enrique Morán Faz, actual secretario de Gobierno.
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Bernal Ruvalcaba, que todavía puede impugnar la sanción, fue encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno durante los últimos nueve meses del gobierno de Lozano —de marzo a diciembre de 2016—. Entre septiembre y diciembre, firmó el otorgamiento de 13 fíats entre cuyos beneficiarios estaban él mismo, políticos y personas cercanas al entonces mandatario.
Las notarías supuestamente irregulares fueron impugnadas por notarios de la entidad. Tres recursos ya fueron resueltos por tribunales colegiados y tres más llegaron a la Suprema Corte y esperan resolución, mientras otros siguen en proceso. Al menos cuatro de los fíats otorgados a personas cercanas a Lozano ya fueron validados y están reconocidos en el directorio del gobierno estatal.
“No hubo ningún interés político-electoral, por eso en el proceso electoral casi no tocamos estos temas. Pero sí tenemos muy clara la instrucción del señor gobernador de no tolerar la impunidad en Aguascalientes y, si hay procesos que seguir, los vamos a seguir sin ninguna intencionalidad personal, más que el apego a derecho”, indicó Morán.
ADNPolítico buscó a Bernal para conocer si ha sido notificado de la inhabilitación y conocer su versión, pero hasta la publicación de la nota no se había tenido respuesta.
Esta es la primera sanción derivada de las investigaciones al gobierno pasado contra exfuncionarios de alto rango. Solo en el trimestre octubre-diciembre 2016, el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (Osfags) señaló irregularidades superiores a 300 millones de pesos en la administración de Lozano. Además, el Instituto de Educación se vio involucrado en un posible desvío por más de 300 millones, mientras que en el Instituto del Agua se señaló extraoficialmente un desvío cercano a los 600 millones.
Morán dijo tener información de que la Fiscalía Anticorrupción judicializaría los primeros casos penales derivados de esas irregularidades a finales de este mes.
“En algunos casos son funcionarios de lo que se conoce como ‘de menor rango’ (...) En otros casos, encontraron elementos para ponerlos a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, fueron presentados los elementos, y lo que nos han informado extraoficialmente es que ya estarían en este mes por concluir las resoluciones de los casos que se vincularán a algún proceso”, indicó.
Hasta mayo pasado, la Fiscalía Anticorrupción había judicializado 11 carpetas de investigación, las cuales concluyeron con el perdón del ofendido a los imputados durante audiencias; otras 56 continuaban en investigación, respondió la instancia a una solicitud de información presentada por ADNPolítico.
Se denunciaron probables actos de corrupción en los institutos del Agua (Inagua), Educación (IEA), Salud (ISEA) y Vivienda (IVSOP), del gobierno del estado; en la Fiscalía General, el Instituto de Transparencia, el Osfags, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Jesús María y los municipios de Pabellón de Arteaga y Tepezalá.
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Aguascalientes pide que dejen a estados legislar sobre notariado
El actual gobierno de Aguascalientes, encabezado por el panista Martín Orozco Sandoval, trabaja desde 2017 en una reforma a la Ley del Notariado con la que se pretende evitar el uso de la fe notarial como pago de favores.
Cuestionado sobre la propuesta de Olga Sánchez Cordero —perfilada como próxima secretaria de Gobernación— de impulsar una Ley General del Notariado, Morán se pronunció por respetar la soberanía de los estados.
“Hay que dejar muy claro que un notario público es la extensión de la fe pública del señor gobernador. Entonces, no se puede legislar con el espíritu de quitarle facultades al gobernador; se debe legislar con el espíritu de profesionalizar esta fe pública (...) Yo me sentiría más claro con que cada estado legislara su ley del notariado”, dijo.
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