Los crímenes en contra de candidatos en el país van a aumentar conforme avance el proceso electoral e, incluso, podrían alcanzar a los abanderados presidenciales, consideró este miércoles el activista
, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).“Empezaron
y van a escalar. Algún día, espero que no llegue, pero si seguimos en esto, es muy probable, vamos a ver asesinatos mucho más graves, candidaturas a presidencia, a gubernaturas y extorsiones verdaderamente que no habíamos imaginado”, dijo.Dentro de un foro sobre la Ley de Seguridad Interior organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Sicilia acusó a los partidos de estar cooptados por el crimen y de recibir dinero de delincuentes, lo que en su opinión fomenta que la violencia llegue a los comicios.
“La gran pregunta es: ¿de dónde están sacando los grandes capitales cuando todavía no empieza el proceso, el verdadero proceso electoral, y se está gastando una cantidad de dinero inmenso?”, dijo.
La declaración de Sicilia ocurre luego de que al menos ocho aspirantes han sido asesinados en lo que va del actual proceso electoral, en diferentes puntos del país. A raíz de esto, organismos como el PRD han exigido justicia en estos crímenes y que el gobierno federal garantice condiciones de seguridad para la contienda de este año.
Después de este reclamo, las autoridades federales y los partidos acordaron medidas como
.Este miércoles, el activista recordó que desde 2011 él y los integrantes del Movimiento por la Paz han llamado a las fuerzas políticas a “limpiar” sus filas y cuidarse de establecer vínculos con grupos delictivos o gente cercana a ellos.
, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien también participó en el foro, criticó los resultados de la estrategia de seguridad pública implementada desde el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y mantenida por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Al respecto, insistió en que la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso a finales de 2017 implica el riesgo de que se mantenga una política fallida.
“Nuestra oficina desde el inicio sostuvo que hay un gran riesgo de petrificar la situación actual, y hemos llamado a una discusión, a un debate amplio público sobre las alternativas de este paradigma actual, las alternativas de este modelo”, dijo.