Partidos reincidieron: burlaron y quitaron candidaturas a la comunidad trans

Perfeccionan las trampas

En aras de privilegiar la inclusión y reducir las brechas de desigualdad que han vivido históricamente, desde hace años se han establecido candidaturas exclusivas para indígenas, afromexicanos, migrantes o bien, integrantes de la LGTBTTTIQ+, que comprende a las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales y queer, más nuevas comunidades y disidencias.

En las elecciones federales las acciones afirmativas consistieron en la obligación de los partidos y coaliciones a registrar candidaturas de 34 personas indígenas (en las dos Cámaras del Congreso y por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional) y además cinco afromexicanas nueve con discapacidad, cuatro de la diversidad sexual y seis migrantes y residentes en el extranjero, poblaciones que a en los estados también debieron contar con candidaturas reservada para contender en elecciones locales.

En la etapa de revisión de postulaciones a cargos federales, el Instituto Nacional Electoral (INE) quitó el registro a 23 abanderados que pretendieron pasar por indígenas y se comprobó que no lo eran. Y en total se registraron, sólo en las elecciones federales, 81 candidatos que se autoidentificaron como parte de la comunidad LGTBTTTIQ+ , y bastó que así se registraran, sin mayor revisión.

Sin embargo, con tal de dar espacios a abanderados hombres, los partidos han buscado cada elección mecanismos novedosos para dar la vuelta a las normas, tanto en elecciones federales como locales.

Este proceso electoral de 2024 se perfeccionaron, encontraron un recoveco en sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en la normatividad electoral, y gracias a una larga historia de fraudes a la ley en contra de los derechos de las minorías, y sanciones laxas que no han servido para disuadirlos, volvieron a repetir las irregularidades.

En 2009, 12 diputadas federales electas solicitaron licencia apenas tomaron posesión de sus cargos. Ocho se fueron y dejaron como diputados suplentes a varones; otras optaron por no asistir a las sesiones, lo que obligó a la mesa directiva de la Cámara a llamar a sus suplentes, todos hombres.

Se prestaron a esa estrategia cuatro diputadas del Partido Verde (PVEM), cinco del Revolucionario Institucional (PRI), dos del de la Revolución Democrática (PRD) y una del Partido del Trabajo (PT).

En 2018 se aplicó otra trampa muy similar, cuando en Chiapas 51 mujeres que ganaron su elección a diputadas o a una regiduría municipal, renunciaron en masa; todos sus suplentes eran hombres. Al final, pese a la polémica y las protestas, se confirmaron 67 casos.

Detrás de esa estratagema estuvieron el PVEM -otra vez- y su líder y entonces gobernador chiapaneco Manuel Velasco -cuyo círculo cercano resultó favorecido con cargos, por lo que estas mujeres fueron bautizadas como “Manuelitas” –, pero también fue una práctica de los partidos Nueva Alianza, Mover a Chiapas, Chiapas Unido y el PRI, todos ellos aliados al Verde en esa elección.

En 2017-2018 la táctica fue ocupar espacios de la comunidad LGTBTTTIQ+ y eso comenzó en Oaxaca, en que se registraron 19 candidatos que se presentaron como mujeres transgénero – en el estado conocidos como muxes- para cumplir con la obligación de los partidos de tener candidaturas en paridad y para sectores vulnerables o discriminados.

En 17 casos se acreditó que se hizo un “fraude a la ley” se retiró el financiamiento ordinario por 18 meses a los partidos responsables: Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal).

Sin embargo, fue ese caso emblemático el que abrió la puerta a que hoy se hayan generalizado los intentos de fraude, ya que gracias a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se liberalizaron las reglas y se permitió que baste la “autoadscripción sexo-genérica simple” es decir, que una persona diga ser de determinada minoría sexual, para que se valide como cierto y proceda su registro con esa denominación.

Esa sentencia del 21 de junio de 2018 y conocida como "la de los muxes”, estableció que el Estado debe proteger la paridad entre hombres y mujeres en la postulación de las candidaturas y evitarse una simulación, pero al mismo tiempo ordena que la manifestación de pertenencia a un género sea suficiente para justificar la autoadscripción de una persona.

Pese a las advertencias de que esa no era una vía idónea, la mayoría de magistrados aprobaron esa laxitud: “partiendo de los principios de buena fe y presunción de la condición, basta con que se haga saber a la autoridad respectiva la autoadscripción sexo-genérica, con una manifestación que denote claramente la voluntad de la persona en cuestión, para que tenga plenos efectos legales” y la autoridad “está obligada a no exigir cargas procesales irracionales o desproporcionadas”.

Así, ocuparon cargos sin problema, pero también sin legitimidad –de acuerdo a representantes de la comunidad diversa– dos diputadas federales electas en 2021 y que concluirán funciones en agosto.

Ese año llegaron a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados cuatro personas diputadas federales por la llamada “cuota arcoiris”, entre ellas las primeras diputadas trans, Salma Luévano y María Clemente García, pero otras dos permanecieron prácticamente “en el closet”.

Fue el caso de las diputadas federales Fuensanta Guadalupe Guerrero, del PRI, y Kathia Bolio Pinelo del PAN, quienes en la legislatura no se caracterizaron por ser de esa comunidad diversa con propuestas o activismo.

“Se ocultaron, quisieron minimizar la usurpación. Yo como madre de las cuotas arcoíris tuve que solicitar al INE y recurrir al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) para que se me dieran la información. Así pudimos conocer cómo hubo usurpación de esos espacios que corresponden a la diversidad y los ocuparon legisladores que nunca han visto por ella”, advierte la diputada Luévano, de Morena.

“En los partidos ha habido una rapiña, una rapacidad a querer ocupar espacios, querer quedarse en el poder”, acusa al afirmar que, como parte de colectivos de la diversidad se impugnaron varios triunfos en los que “usurpadores” se presentaron como trans, sin serlo, casos en los que estará vigilante.

Por último, otra táctica partidista aplicada en elecciones federales y locales consiste simplemente en cumplir con el registro de postulaciones de las minorías, pero ponerlas en sitios que hagan prácticamente imposible su triunfo.

En este año 2024, Morena seleccionó por tómbola al activista Tuss Fernández en el lugar número uno como diputado federal plurinominal, pero ese partido lo anotó hasta el lugar 22 y como hombre, sin respetar su identidad sexogenérica ni su espacio seguro para llegar a la Cámara de Diputados.

Impugnados

Hoy la situación ha hecho crisis, con más de medio centenar de casos en todo el país en que varones –en todos los casos– dijeron ser mujeres trans, para ocupar una candidatura por “acción afirmativa”.

Al autoadscribirse como mujeres trans, en realidad se apropiaron de un espacio dedicado a mujeres –los partidos están obligados a postularlas en el 50% de sus candidaturas– y, de paso, incumplieron con la obligación de presentar acciones afirmativas LGTBTTTIQ+.

Esto fue posible por un hueco en las disposiciones electorales: el 8 de septiembre de 2023, el INE estableció como regla para el registro de candidaturas: “para la verificación del cumplimiento del principio de paridad de género, la postulación de personas de la diversidad sexual será considerada en el género al que la persona se autoadscriba en su declaración de aceptación de la candidatura”.

Además se acordó que “las personas no binarias no podrán ocupar los espacios de las listas destinados para mujeres”.

Es decir, si una mujer se hubiera anotado como hombre trans, hubiera ocupado un espacio destinado a un candidato varón, pero eso no ocurrió. Todos los casos en que se ha evidenciado “trampa” fueron hombres que dijeron ser mujeres trans.

Esas reglas fueron replicadas por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y así se cumplieron las alertas de que la comunidad diversa ocuparía posiciones de mujeres -como han acusado algunos detractores de la diversidad- pero no por auténticos integrantes de la comunidad LGTBTTTIQ+, sino por varones interesados en la postulación a toda costa.

Este año los casos más mediáticos están ubicados en Michoacán. A los diversos cargos en disputa se anotaron 67 candidaturas pertenecientes a la comunidad LGTBTTTIQ+ y 25 candidaturas del PRI a regidores y a alcaldes fueron impugnadas por diversos colectivos, que acusaron “usurpación y fraude”.

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) los emplazó a ratificar su cambio de género a mujer y comprobar con acta de nacimiento, un acta de matrimonio donde se establezca que la persona está casado con alguien del mismo sexo o un documento que también acredite que forman parte de un colectivo LGTBTTTIQ+.

Pero el 13 de mayo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó esas postulaciones pues conforme a la jurisprudencia de la Sala Superior ya mencionada, basta con que se digan de una minoría sexual, para que sin mayor requisito sean registrados como tales.

Ahora, ya tras la elección, resultó que hay siete virtuales alcaldes de Michoacán, a quienes en sus poblaciones no se les reconoce haber formado parte de la comunidad LGTBTTTIQ+, firmaron oficios para autoadscribirse como “mujer trans” y en esa calidad no sólo ganaron las candidaturas de sus partidos, sino que también triunfaron en la elección.

Estos casos serán llevados ante la Sala Superior del TEPJF, según anunció el colectivo Michoacán es Diversidad, que encabeza Raúl Martínez Rojas, e involucran a todos los partidos en el “engaño, sean de izquierda o de derecha”: Morena, PT y PVEM con el candidato Apolonio Ureña Martínez, de Tumbiscatío; del PT y Encuentro Social (PES) Octavio Chávez Aguirre, de Lagunillas.

Del PRD dos: el abanderado electo en Charapan, Rubén Torres García y el de Purépero, José Enrique Mora Cárdenas.

De la coalición opositora a la alcaldía de Ecuandureo Jorge Luis Estrada Garibay, postulado por PRI, PAN y PRD. De Movimiento Ciudadano el alcalde electo en Tanhuato, Daniel Herrera Martín del Campo y el de Peribán, registrado por el partido Más Michoacán Martín Escalera Bautista.

También ganó su elección como virtual alcalde de Ziracuaretiro el abanderado Alberto Orobio Arriaga (PRI-PAN-PRD), quien sin embargo sí está identificado con el activismo a favor de la diversidad.

Esta no es la primera vez que un partido falsea la identidad sexual en el estado ni son sólo varones los que han incurrido en esa conducta: actualmente es diputada local Brenda Fraga, quien se reeligió en 2021 por el PT usando la acción afirmativa del grupo vulnerable lésbico-gay, caso prácticamente oculto, pues el IEM garantizó en ese proceso completa secrecía sobre las cuotas arcoíris, por ser un derecho humano.

En cambio, Michoacán sí será la primera en tener la primera senadora abiertamente lesbiana en el país: Reyna Celeste Ascencio -hoy diputada- quien ganó postulada por Morena.

En San Luis Potosí desde las campañas se denunció a tres “abanderadas” del PVEM: José Reyes Martínez Rojas “Reyitos” candidata (mujer trans) a alcaldesa del ayuntamiento de Venado; la de Villa Arista, Daniel Alfonso Zavala de la Rosa; la de Vanegas, Roberto Carlos Medina, además de la abanderada del PRD a Ahualul.

De las cuatro supuestas candidatas, la primera, “Reyitos”, sí ganó la elección. Y aunque será impugnada ante la Sala Superior del TEPJF, en mayo pasado el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí y luego la Sala Regional Monterrey del Tribunal ya validaron su registro con base en la jurisprudencia ya citada, aunque en su recurso, el Panal pidió que se viera por los derechos de todas las mujeres y personas de la diversidad que fueron desplazadas.

En Guanajuato triunfó como virtual diputada federal Alma Rosa de la Vega, bajo la acción afirmativa de la diversidad sexual, morenista anotada por la Coalición Sigamos Haciendo Historia, pero localmente se reconoce como mujer cis, es decir, de su propio género.

Y en Durango fue el PAN el que postuló a Verónica Pérez Herrera, también virtual diputada federal pero por la vía de la representación proporcional, aunque también ocupó una acción afirmativa correspondiente al grupo LGTB.

En este caso, el 21 de septiembre de 2021, siendo diputada local en su natal Durango, Pérez votó en contra de los matrimonios igualitarios y en su discurso en esa fecha, si bien dijo respetar a la comunidad LGTB afirmó que la doctrina de su partido es a favor de la familia y la vida, y “no se puede calificar esta doctrina como un mensaje de odio o de rechazo a los distintos sectores de la población”. “¡Por nosotros ocupas ese lugar¡” le cuestionaron a gritos.

Y se perfilan más casos...

En otras entidades ha prevalecido la opacidad, incluso, sobre quienes fueron candidatos por acción afirmativa, pese a estar obligados a la transparencia sobre sus trayectorias, perfiles y propuestas. Es así que se ha tenido que recurrir a las solicitudes de información incluso para conocer sobre las candidaturas de algunas acciones afirmativas.

En Puebla, se registraron 10 personas como parte de las acciones afirmativas, pero hubo dos de ellos que presentaron escritos para autoadscribirse por todas las minorías: dijeron ser mujeres, indígenas, jóvenes e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ al mismo tiempo.

Ganó la elección y está impugnada la candidata Adán Soto Rojo, de Morena, quien contendió a la presidencia municipal de Chiconcuautla y a quien la comunidad rechaza como uno de sus pares.

Por esa vía se anotaron pero perdieron por el PVEM Eduardo Rojas Ramírez al ayuntamiento de Los Reyes de Juárez y Olga Rosas Parra, candidata de Morena a la reelección como presidenta municipal de Jolalpan. En este último caso en 2021 Rosa contendió como mujer sin adscribirse como parte de la diversidad sexual.

Por ejemplo en Jalisco es una de las entidades donde más candidatos LGTBTTTIQ+ se anotaron a diversos cargos alcaldías, diputaciones, en total 78, pero se sospecha que la mayoría no eran casos verídicos, afirma Carlos Becerra, de la Unión Diversa- Jalisco.

“Tuvimos ir rastreando cada nombre y que solicitar incluso por transparencia los nombres de quiénes eran los candidatos, lo que habla de que ni siquiera tenían activismo a favor de los derechos de la diversidad, eso nos genera la convicción de que se trata, en la mayor parte, de casos sospechosos”, indica en entrevista.

Por Movimiento Ciudadano ganó la diputación pluri la emecista Esther Montserrat Pérez Cisneros, de la cuota arcoíris; una regiduría del municipio Jocotepec en lo que será la única candidata abiertamente lesbiana y un legislador suplente, pero - asegura- los partidos anunciaron ampliamente que tendrían candidaturas a la comunidad de la diversidad, como una estrategia para atraer el voto.

Y la mayor parte de las postulaciones son para hombres, de ellos hombres gay, pero muchos no se adscribieron directamente a una minoría sexual, “bastó que llenaran un formato de autodeterminación y ya… pero no vimos en campaña, no conocemos a 64 activistas que hayan estado haciendo propuestas legislativas o de gobierno a favor de la comunidad. Quiere decir que ¿de dónde surgieron? Da la idea de que los partidos improvisaron movimientos supuestamente LGTBTTTIQ+.”.

En el Estado de México activistas de Fuera del Clóset A.C, Diversidad Majami y Lucha Consciente lgbtiq+ denunciaron con oportunidad desde las campañas y ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que de 39 candidaturas postuladas como personas LGTBTTTIQ+ al menos 11 falsearon información pues no pertenecen a esa comunidad.

¿Y ahora qué hacer con las falsas trans?

A la problemática de la supuesta falsedad a la hora de acreditarse ahora se suman los triunfos que algunas abanderadas trans ganaron en urnas, por lo que ya sólo queda la intervención del TEPJF y legislar a futuro.

Por eso, y aunque Morena no la contempló para la reelección como diputada, Luévano afirma que dará la batalla “desde cualquier trinchera” para revertir esa “autoadscripción simple” –en la que basta el dicho de las personas aspirantes para hacer constar que es de la comunidad diversa– para pelear por una “autoadscripción calificada” en la que se exigen otras probanzas para comprobar que se pertenece a la minoría que se declara.

“Lo que se requieren son reformas y parar esas conductas a las que se prestan desgraciadamente todos los partidos”, afirma.

“Es muy lamentable que todos los partidos lo hagan y hay que seguir denunciando y a golpe de sentencias como hemos dado, hacer que se cumplan las acciones afirmativas y quitarles estos espacios que nos están robando, porque no podemos permitir que se sigan aprovechando de nuestra población”.

La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, sostiene que la Sala Superior del TEPJF tendrá que entrar a la defensa de las mujeres y las minorías, para que los espacios que les fueron reservados no sean ocupados mediante estrategias ilegales.

“Esto nos tiene que servir para seguir fortaleciendo la normatividad en el tema y establecer ya qué debe pasar con los partidos que permiten eso. El gran tema es que tienen que entender la importancia de que de la representatividad, de la diversidad y que realmente propongan candidatas, candidates, que sean que sean mujeres, mujeres indígenas, mujeres afro, personas mujeres transexuales y que sean representantes reales de esa diversidad”.

Desafortunadamente -plantea- “como ha pasado también con las mujeres, pues están tratando a veces de hacer trampa”, pero dijo confiar en que el TEPJF pondrá frenos a esas conductas.

La consejera del INE, Claudia Zavala, recuerda que el organismo actúa de buena fe y por eso en el caso de las candidaturas federales bastó que cada postulante suscribiera una carta bajo protesta de decir verdad en la que dijeran que pertenecen a la categoría que se iban a autoadscribir.

Lo mismo ocurrió en las elecciones locales, en los que el registro de postulaciones y su validación la hicieron los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

En los casos indígenas y de personas con discapacidad, el INE si reguló y buscó material probatorio, pero en los primeros casos ya pasada la elección, a partir de que recibieron una constancia de mayoría, sostiene, “se activa nuevamente el derecho para que se pueda impugnar esa constancia como ganadores de una elección”.

“Tiene que valorarse caso por caso, pero es inadmisible que una persona que no pertenece a esas categorías o bien que no se identifica como mujer quiera ocupar los espacios reservados para las mujeres o para las categorías de grupos en discriminación. Esas situaciones se tienen que llevar al Tribunal y este tendrá que valorar nuevamente a la luz del material probatorio”, expone la consejera Zavala.