¿Quiénes son los otros implicados en la denuncia anónima contra Zaldívar?

Aquí te decimos quiénes eran los excolaboradores del expresidente de la Corte Zaldívar, que también fueron mencionados en la denuncia anónima y a quienes se les investiga entre otros, por corrupción, enriquecimiento ilícito, extorsión, hostigamiento laboral, uso indebido del cargo y de las instalaciones públicas.

Carlos Antonio Alpízar Salazar

Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Las investigaciones son por:

-Enriquecimiento ilícito:

Se puso a las órdenes del exconsejero Jurídico del Ejecutivo Federal Julio Sherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos, es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias.

-Corrupción y/o extorsión:

Existía un “sistema corrupto” utilizado para influir en las decisiones de los titulares de los órganos jurisdiccionales del PJF, mayormente en asuntos de interés del Poder Ejecutivo.

Lo anterior consistía en “citar” a magistrados, jueces e incluso secretarios en funciones al piso 14 del edificio sede del Consejo de la Judicatura para presionarlos o exigirles que resolvieran en determinado sentido, prometiendo beneficios políticos y económicos, o bien los extorsionaba o amenazaba con cambios de adscripción o inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa; especialmente en asuntos de naturaleza mercantil.

-Casos específicos en los que existió presión de la Presidencia del CJF, según se indica la investigación:

Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica:

Jueces recibieron presiones de todo tipo por el Poder Ejecutivo y “de Arturo Zaldívar, amenazas de procesos penales y administrativos, así como de investigaciones en sus finanzas. Uno de ellos, recibió amenazas.

- Aeropuerto de Santa Lucia y la cancelación del de Texcoco.

Magistrados contactados por Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar, fueron amenazados telefónica y personalmente con inicios de procedimientos, readscripciones, suspensiones e inhabilitaciones.

- Tren Maya

Un juez fue citado a la Ciudad de México, para coaccionarlo por medio de amenazas para que emitiera resoluciones favorables a la presidencia de la República, exigiéndole que dejara de conceder suspensiones para las obras del tren maya.

- Lozoya

Una magistrada fue presionada para que resolviera en el caso conforme a los intereses que en ese momento tenía el ejecutivo, y ante su negativa le hicieron la vida imposible, por conducto, de Jaime Santana, Carlos Alpízar y Arturo Guerrero.

A una jueza la citaron al piso 14 del edificio central del CJF, y Carlos Alpízar le dijo que el asunto estaba para negarse, ella se limitó a asegurarle que el asunto se resolvería conforme a derecho.

Edgar Manuel Bonilla del Ángel

Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, así como las personas servidoras públicas que resulten responsables, adscritas a ese instituto.

-Delincuencia organizada institucional (corrupción):

Se utilizaba a dicho Instituto para apersonarse en los asuntos relativos a concursos mercantiles, a través de los síndicos que designaban, para que los procedimientos siguieran determinado sentido, mediante promociones insidiosas o bien se citaban a las partes para ejercer presión y lograr convenios que los beneficiaran -infundían terror-.

Presionaron a las empresas que tenía contratos con PEMEX para declararse en quiebra a cambio de sobornos y prometiéndoles que así no pagarían nada a sus acreedores.

Cuando la empresa no aceptaba, el Instituto realizaba prácticas dilatorias, solicitudes sin fundamento y recursos innecesarios a fin de retrasar el procedimiento o bien, evitar la ejecución de resoluciones que las pudieran beneficiar a la empresa “rebelde”, aprovechando sus contactos con instituciones bancarias, como la novia del director que es alta funcionaria de CIBANCO para lograr su cometido,

Se presionaba a los jueces para que prolongaran el dictado de resoluciones o bien se inclinaran a resolver “siempre en favor de los intereses corruptos”, se indica en la pesquisa.

Netzaí Sandoval Ballesteros

Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector General del Instituto Federal de Defensoría Pública.

-Corrupción:

Se presionaba a los defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses.

Creó una unidad de peritos adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública, el costo era elevado y su participación en procedimientos era nula.

Se le asignó el caso Wallace, donde ordenó que la línea que se siguiera era conseguir a costa de lo que sea la libertad de los implicados, tanto que por conducto de Salvador Leyva Morelos Zaragoza (“incondicional”), le exigió a María Dolores Vera que en este caso alegara actos de tortura, pero se negó.

Prohibió que los defensores promovieran amparo contra la falta de atención médica en Covid, para que – argumenta- no se viera “inflada” la estadística del gobierno.

-Hostigamiento laboral:

Acosó a la defensora María Dolores Vera, empezó a levantarle actas administrativas absurdas; en 2023 le “revivieron” un proceso de dos mil cinco, con la finalidad de acusarla de inadecuada defensa y cesarla con ese pretexto.

-Enriquecimiento ilícito:

Tiene un “PH” en –la zona exclusiva– Santa Fe.

Contrató defensores que no cumplían con el perfil, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública contrató a Raúl Amador Quezada, Miguel Ángel Ortega Sánchez, Alma Berenice, Ángela Vera Valdés y María Elena Albores Cordero, que compraron su plaza.

Había una cuota establecida para poder tener una plaza, a veces se pedía una cantidad del sueldo, otras fuertes cantidades de dinero por adelantado, y algunos tenían que entregar “bonos y aguinaldos”.

-Uso indebido del cargo y de las instalaciones:

Mandó construir un roofgarden de lujo en una terraza, lo construyó el personal de servicios y mantenimiento, fueron la mano de obra; ahí se organizaban eventos, había música, alcohol y mujeres hasta altas horas de la noche.

Se quedaba con el presupuesto de las fiestas de fin de año y obligaba que los trabajadores pagaran las fiestas.

Fue propuesto por el ejecutivo para estar en la lista para ser magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por el senado para ser consejero.

Jueces y Magistrados

La denuncia anónima también incluye a jueces y magistrados “que aceptaron la presión ejercida por el exministro Arturo Zaldívar”. A continuación se detallan nombres y casos:

-Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna

Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur; dictaba sus resoluciones en favor de los intereses del “ejecutivo federal”, uno de ellos fue el de Rosario Robles.

“A quien impuso una prisión preventiva justificada sin tener facultades pues su función era como juez administrador del Centro, por lo que sus funciones eran administrativas no jurisdiccionales, se señala que todo fue con complicidad de la Unidad para la Consolidación de la Reforma Penal”, refiere la pesquisa.

Además de que existía un conflicto de intereses “dada la cercanía de su tía con Morena” (Dolores Padierna).

-Abogados Juan Arango Riva Palacio, Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arau.

Juan Arango Riva Palacio, Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arau, abogados cercanos a Julio Sherer, obtuvieron auto de no vinculación a proceso a pesar de que había pruebas suficientes para llevar juicios en su contra.

-Juez Iván Aarón Zeferín Hernández

Juez de Distrito Iván Aarón Zeferín Hernández, Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango, con residencia en la Ciudad del mismo nombre.

Participó en asuntos como Cruz Azul, familia Jenkins, el fraude a Infonavit, la llamada estafa maestra, actuando siempre conforme a indicaciones.

Giró orden de aprehensión contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el que se violó el fuero del imputado; y contra el coronel Eduardo León Trawitz, sin fundamento.

-Juez José Artemio Zúñiga Mendoza

Juez José Artemio Zúñiga Mendoza. Pasó de resolver los asuntos de (Emilio) Lozoya, (Luis) Videgaray, Genaro García Luna e Ignacio Ovalle a ser readscrito para librar órdenes de cateo al hermano del “mencho”, todas las resoluciones dictadas atendiendo a las instrucciones del exministro.

Como recompensa, se le dio base en un juzgado en amparo penal y se le puso en la lista del presidente para ser magistrado en el TFJA.

-Magistrado Fernando Córdova del Valle.

Magistrado Fernando Córdova del Valle, descongeló las cuentas bancarias de la llamada Reina del Sur, resolvió como se le indicó los casos Gómez Mont y de SEGALMEX.

Recibió beneficios económicos: pues de su página de Facebook se pueden advertir lujos, viajes, propiedades, vehículos de lujo, tesla, BMW, mercedes benz, que no se pueden obtener con cargo de servidor público; como otro beneficio lo colocaron en la lista para ser consejeros propuesta por el senado en 2021.

Además, brinda asesorías al partido político “Movimiento Ciudadano”, tanto que Elizabeth Escamilla, con quien se dice tiene una relación de tipo amoroso, alardea del poder de su pareja y de sus alcances.