A esa conclusión llegaron los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (jucopo) tras valorar varios casos en Jalisco en los límites con Colima o Michoacán, donde algunas zonas podrían quedarse desiertas de candidatos “porque nadie se arriesga a ir”.
Así ocurre desde hace tres años en un ayuntamiento en Jalisco en no hay autoridad, indicó el coordinador de los diputados priístas Rubén Moreira.
En rueda de prensa, los diputados reportaron que también buscarán reformas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FIsel) -con cuyo titular, Francisco Pinchetti, se reunieron- para intentar darle mayor fuerza en el combate a ese tipo de ilícitos.
En Jalisco, dijo Moreira, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta problemas para tener candidatos en trece municipios en donde nadie quiere arriesgarse por las amenazas en su contra, dijo. “No quieren que los maten, nadie se arriesga”, aseguró.
La coalición opositora, que integran el PRI, Acción Nacional (PAN)y el de la Revolución Democrática (PRD) repudió por tanto que aún siga impune el asesinato de Humberto Amezcua Bautista quien fuera presidente municipal de Pihuamo, Jalisco, y quien buscaba la reelección por la Coalición Fuerza y Corazón.
Amezcua fue asesinado el 16 de marzo y no sólo no se ha avanzado en las investigaciones sino que el gobierno del estado responsabilizó a los partidos.
“Hay compañeros que tuvieron que renunciar, por eso hemos pedido al Instituto Nacional Electoral (INE) que ponga atención a los candidatos que son únicos y nadie más quiso registrarse. Eso querrá decir que ese es el avalado por la delincuencia porque si los demás no se quisieron inscribir o tuvieron que renunciar…” abundó el coordinador del PRD, Francisco Huacus.
“Si no detenemos esta situación incluso en esta Cámara de Diputados podemos tener compañeros y compañeras que pueden tener un negrito en el arroz y van a venir procedentes del crimen organizado”, alertó el perredista.
Además recordó un caso de Michoacán en donde bastó una corona de difunto a los candidatos para que se bajaran.
“No queremos que haya un solo candidato (en contienda como pasó) en un municipio porque al resto le mandaron, a todos los candidatos, una corona de muerto para evitar que participaran en el proceso electoral“, dijo el perredista.
Si bien los legisladores “no tenemos la fuerza pública (…) sí tenemos el deber civil el deber legislativo y el deber moral de decir están matando a los candidatos, están matando a los aspirantes y seguramente van a actuar el día de la elección para impedir que se instale casillas, van a actuar el día de la elección para impedir que los votantes lleguen” remató Moreira.
