Los congresos de los estados tendrán la última palabra respecto a si quitan o no el fuero a cuando exista una declaratoria de procedencia o desafuero, contra el gobernador, determinó el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los congresos locales no están obligados a homologar la decisión de la Cámara de Diputados, cuando ésta emita dicha declaratoria de procedencia o desafuero, concluyó el pleno.
El pleno aprobó esa decisión por ocho votos a favor y tres en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. La primera consideró que validar la no homologación de una declaratoria de procedencia significada crear “mantos de impunidad”.
Sin embargo, durante la sesión de este martes, los magistrados respaldaron el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, en el sentido de que es prerrogativa de los estados esa decisión.
Con ello, rechazaron los argumentos del Ejecutivo Federal que, a través de una acción de inconstitucionalidad, buscaba dar marcha atrás a las reformas aprobadas en 2021 a la Constitución y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas de Tamaulipas.
Ríos Farjat aclaró que este asunto “no trata (como se ha pretendido en desinformación) de ningún funcionario en particular, ni de su fuero o inmunidad”.
Y es que en 2021, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, actualmente candidato a diputado plurinominal.
El 23 de febrero de ese año la Fiscalía General de la República (FGR), presentó a la Cámara Baja la solicitud de desafuero de García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.
Un mes después, en marzo, el Congreso de Tamaulipas aprobó nuevas reglas para declarar la procedencia o no del desafuero de gobernadores, diputados locales y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado.
Con esas modificaciones, los legisladores tamaulipecos buscaban poner un freno al procedimiento que ya inició en el Congreso federal en contra del gobernador panista, a quien Morena acusa de "prófugo de la justicia".
Sin embargo, el 30 de abril, la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, avaló el desafuero de García Cabeza de Vaca, con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.
El debate
La ministra Yasmín Esquivel votó en contra del proyecto, al señalar que exclusivamente las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y de Senadores son inatacables, en términos del párrafo sexto del artículo 111 de la Constitución.
Por tanto, anotó, el legislador local está impedido para agregar dicha homologación como un supuesto adicional de inimpugnabilidad cuando se trata de declaraciones de procedencia provenientes de Cámara de Diputados.
Desde su visión, la lectura que contiene la Constitución constituye un “pase automático” para que los gobernadores y otros funcionarios locales sean arropados temporalmente por el “manto de impunidad”, trivializando la función del Ministerio Público de la Federación.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca trajo al pleno el caso del desafuero del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Este asunto es de una importancia trascendental para la República, no es totalmente novedoso para este Alto Tribunal. Recordemos el caso del desafuero del hoy Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en un asunto similar. Es decir, en la controversia constitucional 23/2005, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal hizo valer que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador debía de recibir el mismo trato constitucional que el resto de los Gobernadores de las entidades federativas y que, por lo tanto, y enfatizo, en este punto era la Legislatura local quien debía tener la última palabra sobre el proceso de desafuero”, resaltó.
