Ministra propondrá eliminar cárcel para mujeres que aborten en el país

Durante su sesión programada para este miércoles, la Primera Sala determinará si los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal son inconstitucionales, al imponer una pena de prisión a la mujer o a la persona con capacidad de gestar que decide voluntariamente interrumpir su embarazo.

Además, dicho Código establece un régimen sancionatorio para el personal de salud y para las personas que les asistan e impuso restricciones injustificadas para acceder al aborto por causales (como violación).

“La prohibición del aborto auto procurado o consentido atenta contra los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva, porque invade la esfera más íntima de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar al imponer, de manera paternalista y tutelar, un régimen penal excesivo que impide la toma libre y autónoma de decisiones reproductivas”, destaca el proyecto de Ríos Farjat.

En sus 82 cuartillas establece que la prohibición del aborto voluntario o consentido, contemplada en los artículos 330 y 332 de la legislación penal federal, vulnera el derecho a la salud y, en particular, a la salud sexual y reproductiva, porque impide que las mujeres y las personas con capacidad de gestar accedan a un servicio de interrupción del embarazo sin discriminación, que sea de calidad, que se encuentre disponible, sea asequible, adecuado, respetuoso y confidencia

De igual forma señala que el sistema normativo que tipifica el aborto perpetúa una situación de discriminación estructural en contra de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, “particularmente, de aquellas que se encuentran en situación de pobreza, viven en áreas aisladas o en las que convergen múltiples condiciones de vulnerabilidad, como las niñas y adolescentes”.

Resalta que los efectos de la criminalización del aborto impactan no sólo a quienes son procesadas o condenadas penalmente por este delito, sino también a quienes cursan un embarazo no deseado y deben elegir entre poner en riesgo su salud y libertad a través de un aborto ilegal, o bien, sufrir violencia institucional al acudir a clínicas u hospitales a solicitar la interrupción de embarazo bajo alguna de las causales previstas en la ley penal y con el riesgo de ser denunciada ante el Ministerio Público.

El pasado 309 de agosto, ordenó al Congreso de Aguascalientes despenalizar el aborto, gracias a un amparo presentado por diferentes organizaciones como GIRE Y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, CECADEC.

Se trata de la segunda ocasión que un estado, después de Coahuila, consigue la despenalización del aborto mediante una acción judicial ordenada por la Corte.

Con esta decisión, Aguascalientes se convirtió en la entidad número 12 en despenalizar el aborto y el Estado tiene la obligación de prestar este servicio de salud.