Congreso, en omisión por no emitir Ley Reglamentaria del 134 constitucional

Esto es, la Sala Superior definió que la propaganda gubernamental “deberá tener carácter institucional y tendrá que abstenerse de incluir, frases, imágenes, voces que pudieran ser considerados constitutivos de propaganda política o electoral en cualquier momento de las conferencias, incluido el periodo de preguntas y respuestas, los funcionarios públicos deberán abstenerse de difundir logros de gobierno, creo que esa es una de las palabras claves”.

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Además, determinó que la información generada durante las conferencias de prensa organizadas por funcionarios públicos en todo momento deberá tener fines informativos, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación a algún programa o logro obtenido en los gobiernos local, federal o de alguna administración específica.

“A mí me parece que podría ayudar muchísimo que tuviéramos esta legislación (secundaria), esta configuración legal en donde nos diera mucha claridad de la definición de propaganda gubernamental, de los alcances del artículo 134 constitucional”, anotó al participar en los Foros de la Reforma electoral organizado por Morena, en San Lázaro.

“Eso no implica el silencio absoluto de los funcionarios”, añadió Ravel Cuevas, al recordar que durante las campañas electorales, se debe prohibir toda la propaganda gubernamental excepto aquella que tiene que ver con temas educativos, de salud y de protección civil.

¿Qué dice el artículo 134?

Y es que el artículo 134 Constitucional establece que: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

“En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

En su turno, el magistrado José Luis Vargas Valdez comentó que el actual modelo de comunicación ya no obedece a lo que fue diseñado en la reforma electoral de 2006.

“No perdamos de vista que, y lo digo con todo respeto en esta sede parlamentaria, que aquí hay una omisión y esta omisión es del legislador precisamente de no haber regulado, no haber regulado ni expedido la ley reglamentaria de 134 constitucional, que esa era la finalidad, la finalidad es que ahí estuviera taxado, de manera taxativa, estuvieran específicamente qué es lo que quiere el sistema político mexicano que se prohíba y que se permita”, comentó.

Ello, aclaró Vargas Valdez, “hubiera generado una mucho mayor orientación tanto a la autoridad administrativa (INE) como a la jurisdiccional (TEPJF, de tal suerte que no recaiga en nosotros lo que hoy se está convirtiendo evidentemente en una crítica férrea y fuerte a partir de que no tenemos mayor elemento más que el caso concreto y nuestros precedentes como hemos venido actuando”.