El Senado avaló con 106 votos a favor y tres en contra una reforma constitucional que establece que las autoridades mexicanas implementarán políticas para digitalizar los trámites y servicios ofrecidos por los gobiernos federal, estatal y municipal.
Senado aprueba reforma para digitalizar trámites
El Congreso tendrá que establecer las obligaciones que deberán cumplir las autoridades en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios.
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En la discusión de esta reforma, la senadora Verónica Rodríguez señaló que el PAN respalda la idea de un gobierno “más eficiente”, que reduzca la burocracia y haga más accesibles los trámites administrativos, pero pidió que se evite que la digitalización se convierta en un elemento de control en lugar de una herramienta de modernización.
“No podemos ignorar que este gobierno ha mostrado un historial preocupante en materia de transparencia y rendición de cuentas. Ha debilitado los organismos autónomos, ha eliminado contrapesos institucionales y ha centralizado el poder en el Poder Ejecutivo”, comentó.
El priista Rodrigo Zapata Bello mencionó que el PRI comparte el objetivo de la reforma, pero propuso que se realice con los “más altos estándares de transparencia”, pues consideró que no se puede permitir que con esta reforma se centralice el poder.
Waldo Fernández, del Partido Verde, dijo que la reforma representa un avance en la modernización del gobierno y su relación con los ciudadanos, además de que facilita el acceso al gobierno, a los trámites y a los servicios.
“El objetivo es claro: actualizar el aparato estatal, eliminar barreras innecesarias y garantizar que la tecnología agilice la provisión de bienes y servicios”, agregó.
La reforma modifica el artículo 25 y 73 de la Constitución mexicana para establecer que las autoridades de todos las órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, además de tener buenas prácticas regulatorias, de desarrollo y de fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
Faculta también al Congreso de la Unión de expedir una Ley Nacional con los principio y obligaciones a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno.
En la exposición de motivos, la reforma señala que la burocracia mexicana se ha caracterizado por tener una estructura jerárquica “compleja”, procedimientos excesivos y una "falta de coordinación entre dependencias".
Asimismo, menciona que en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2023 se señala que el 52.4% de las personas realizó pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos en las instalaciones de gobierno; 16.2% lo hizo en internet y el 15.4% asistió a un banco, supermercado, tiendas o farmacias para realizar los pagos.
En esa encuesta se menciona además que, de noviembre a diciembre de 2023, 83.1% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción, mientras que 40.7% dijo que tuvieron algún problema en su trámite.
“La digitalización, la capacitación del personal y la mejora en la coordinación institucional son claves para agilizar los trámites administrativos, pero sobre todo, para combatir la corrupción y garantizar que la ciudadanía tenga un acceso rápido y eficiente a los servicios públicos”, se argumenta en la reforma.
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