Con unanimidad de 441 votos, la Cámara de Diputados aprobó la minuta a la reforma del artículo 21 de la Constitución para dar nuevas facultades de investigación, coordinación y de labores de inteligencia a la llamada “súper secretaría” de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch.
La minuta fue enviada a los congresos estatales para la aprobación de cuando menos 17. Al cumplirse, el Congreso podrá emitir la declaratoria de reforma constitucional.
La iniciativa fue remitida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 1 de noviembre y elimina el monopolio de la investigación de delitos que hoy tiene el Ministerio Público.
Debido a que hoy es la única institución investigadora, la reforma añade esas facultades a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública del ejecutivo federal, a la Guardia Nacional y a los policías en el ámbito de la competencia, las cuales “actuarán bajo la conducción del mando de la SSPC” en el ejercicio de su función.
Además, la SSPC ahora podrá coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y auxiliar a la Presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional.
También le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley, y podrá coordinar acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno.
"(También podrá) solicitar información para esclarecer hechos presuntamente constitutivos de delitos (y) no sólo fortalece el proceso de investigación de hechos presuntamente constitutivos de delitos, sino que al utilizar de manera inteligente los recursos del Estado para combatir del delito”, se añade.
Con la enmienda se incorpora el uso de tareas de inteligencia a la función investigadora y el aprovechamiento de avances tecnológicos, tanto en la recopilación como en el análisis de los datos e información “para generar inteligencia valiosa que pueda usarse para dirigir de manera más eficiente los recursos policiales, enfocándola a personas y lugares de interés donde se genere impacto positivo en la seguridad pública”, agrega.
Aunque la oposición aprobó la reforma, expresaron que avalan los cambios para dar las herramientas solicitadas por la presidenta para combatir la inseguridad y violencia desatada en el país, pero advirtieron que se requiere fortalecer el presupuesto.
La reforma “es un paso en la dirección correcta”, dijo por Acción Nacional (PAN) la diputada Teresa Ginez Serrano, quien aseguró que la reforma es “más que acertada”.
La reforma va en rumbo a lo que el PAN históricamente ha defendido, porque elevaron a rango constitucional las facultades del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública para auditar los recursos entregados a estados y municipios, con lo que no habrá más objeciones para dar más recursos en el ámbito local, explicó.
Sin embargo, lamentó la reducción de 33% de los recursos a la función seguridad para 2025.
“También consideramos acertado que sea esta dependencia la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia”, agregó la panista.
Apoyamos, dijo el diputado Gildardo Pérez Gabino, de Movimiento Ciudadano, “para que no tengan ningún pretexto. La seguridad pública es una política de Estado pero se han negado a escuchar”
“La Secretaría carece de elementos, de un estado de fuerza. Lo único que hacen evidente es que carecen de una estrategia de seguridad pública”, abundó.
Por el Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Alejandro Domínguez señaló que el Proyecto de Presupuesto 2025 vuelve a dejar fuera a los municipios de las estrategias de seguridad, pues no se ha restituido el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) que atiende a ese nivel de gobierno.
Tampoco hay recursos –añadió– para el Fondo de Atención a la Seguridad Pública y acusó que se reduce en 32% el presupuesto para la Secretaría de Seguridad, además de que hay recortes en Marina y la Defensa Nacional.
