Además dejó abierta la puerta a la posibilidad de elección de ministros de la Corte, tal como propone el presidente.
“Formalmente no hay un procedimiento que lo permita, y hay en esa lógica hay estándares en una lógica de hay en el derecho comparado que tiene experiencias sobre eso y para mejorar”, planteó.
Aunque el reglamento no permite que las comisiones sesionen mientras hay pleno del Senado, la comparecencia se prolongó durante horas, con interrupciones y retirada escalonada de legisladores, porque simultáneamente en la plenaria se realizó el proceso de elección –que resultó fallido—de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
También se pospuso la dictaminación sobre su elegibilidad e idoneidad, pues en el caso de las otras dos integrantes de la terna, Bertha Alcalde y Lenia Batres, su procedencia para participar en el proceso ya fue valorada. La Comisión se declaró en sesión permanente para en cualquier citar para dictaminar.
Ante los legisladores, la actual consejera jurídica de la Secretaría de Cultura se pronunció por corregir vicios del Poder Judicial, ir a una “justicia imparcial y más humana” y por ende armonizar las resoluciones de la corte con las demandas de la sociedad... (ir a) una justicia transformadora y garantista”.
En caso de ser electa “mi papel no se reducirá al papel o al escritorio… mi criterio no se nublará por criterios formalistas o de procedimiento”, abundó.
Cuestionada por el senador de Acción Nacional (PAN) Damián Zepeda, quien a todas las candidatas les ha cuestionado sobre temas que ponen en evidencia –a su juicio- si tomarán decisiones con autonomía o no: Guardia Nacional civil o militar y consulta popular sobre si se debe o no aplicar la justicia, Cruzvillegas adoptó una postura media.
Sobre la consulta popular sobre derechos que son básicos, dijo que esta fue un “mecanismo de control ciudadano innovador”, pues más que “enjuiciar” a figuras políticas era un ejercicio “de memoria histórica”.
”No era invadiendo esferas que constitucionalmente tiene que ser cuidados sino en un ejercicio de participación de memoria más que para enjuiciar”.
También se pronunció por la autonomía del Consejo de la Judicatura –como ha planteado el presidente- y declinó pronunciarse sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel, y el supuesto plagio de sus tesis.
En tanto, sobre la Guardia Nacional reconoció que formalmente esta debe ser civil, a diferencia de Alcalde y Batres, quienes respaldaron la visión del Ejecutivo sobre una institución con mando militar.
“Formalmente hay una lógica constitucional que el mando es civil y mientras no se reforme esta parte hay una tarea del constituyente para poder mejorar el estándar. Hasta el momento existe así la norma por lo tanto es muy importante valorar lo que establece el 21 constitucional en este ámbito ver este tamiz en la lógica del mando civil”, expuso.
