Los presidentes de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés; del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, y Jesús Zambrano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunciaron que harán valer ese derecho, para impedir “la destrucción” del Instituto Nacional Electoral (INE) y dañar la democracia, lo que a su juicio será la consecuencia de aplicarse el “Plan B”.
“¡NO al autoritarismo de Morena! Vamos a interponer una Acción de Inconstitucionalidad para echar atrás el Plan B de López Obrador. Defenderemos nuestra democracia, la Constitución y pelearemos por las facultades del INE, de los tribunales y por unas elecciones libres”, advirtió Cortés en Twitter.
Moreno Cárdenas anunció tras la promulgación que “el momento de la batalla legal ha llegado”.
En el PRI –dijo- “recurriremos a todos los recursos jurídicos necesarios para defender la democracia, al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.
Con la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “se abren los tiempos” y el PRD ya tiene prácticamente listo su recurso, anticipó Zambrano.
"Confiamos en que las y los ministros den revés a este bodrio de leyes regresivas y pongan por delante la democracia en México", expuso.
Y los diputados comienzan pase de lista
Además de los partidos, un tercio de cada Cámara del Congreso puede acudir a la SCJN en acción de inconstitucionalidad.
Por eso, diputados priistas comenzaron a recabar firmas entre su bancada y aliados de la coalición Va por México, para presentar el recurso ante la Corte.
“Vamos a echar atrás el ´Plan B´ del presidente, 167 firmas se necesitan del Congreso y somos los primeros en firmarla”, anunció la diputada Cynthia López Castro, del PRI, quien junto con el también legislador tricolor Ildefonso Guajardo recorrieron las curules para acumular apoyos.
En el Senado, el bloque de contención, que además de agrupar a PAN, PRI y PRD incluye a Movimiento Ciudadano y al Grupo Plural, anunció en voz del coordinador perredista Miguel Ángel Mancera que ya se tiene muy avanzado el recurso jurídico para recurrir ante la Corte.
La fórmula será solicitar, como en el caso del primer bloque del “Plan B”, las reformas a la ley General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, que entraron en vigor el 28 de diciembre, se suspenda su aplicación.
El legislador defendió la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán, quien determinó suspender la vigencia de las normas para las elecciones de junio en el estado de México y Coahuila, en lo que se analiza el fondo de las controversias (como la presentada por el INE) y acciones de inconstitucionalidad contra esa primera parte de la reforma.
Hoy por la mañana, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de las cuatro leyes que incluyen el segundo paquete del “Plan B”: enmiendas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y de Partidos Políticos (LPP), así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el decreto por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, el INE presentó el primer juicio electoral ante el TEPJF.
De acuerdo con el INE, además se espera que miles de trabajadores especializados del propio instituto defiendan sus derechos ante el TEPJF en juicios laborales.
