El juicio político contra Rosario Robles avanza en la Cámara

El juicio político contra Robles, según los legisladores, es necesario por el desvío de alrededor de 7,000 millones de pesos de dinero público, a través del esquema conocido como “La estafa maestra”.

“Es un acumulado, teníamos cuatro expedientes, los cuatro se analizaron, solamente dos procedieron: uno (fue el) que presentaron en 2013 el coordinador del PAN, el coordinador del PRD, y el que se presenta actualmente por la diputada Tatiana Clouthier, en un caso de, pues, en el tema de ‘La estafa maestra’ de los 7,000 millones que no aparecen por ningún lado”, dijo Barrera.

La legisladora reconoció que en este proceso se da el primer paso de un camino largo.

“De acuerdo a los plazos, se estaría concluyendo en el mes de febrero; sin embargo, el trabajo que se está haciendo en esta subcomisión no solamente es en contra de una persona, sino de todos aquellos funcionarios que no hayan cumplido con las obligaciones y funciones que les fueron conferidas, y no solamente de otras administraciones, sino también de esta cuarta transformación, que es un precedente que estamos dejando. Es la primera ocasión que se inicia un procedimiento en una Subcomisión de Examen Previo”, sostuvo.

Robles, esxecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, actualmente está detenida bajo proceso penal por posible desvío de recursos públicos. El eventual juicio político en su contra es independiente de ese expediente y puede derivar en aumentar el tiempo de inhabilitación contra la exfuncionaria. En septiembre, Robles fue inhabilitada por 10 años para participar en la administración pública.

Barrera negó que con esto los diputados estén buscando “chivos expiatorios” o inculpar a personas de un solo partido político.

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Peña Nieto y Durazo, pendientes

Barrera también dijo que se están revisando otras solicitudes de juicio político, incluyendo dos en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, una por violación a los derechos humanos y otra por no cumplir con sus funciones como jefe del Ejecutivo.

“Tenemos dos expedientes de él y estamos en la revisión de varios expedientes, pero son tres etapas en la subcomisión y estamos revisando el sinfín de expedientes que todavía tenemos pendientes”, dijo la legisladora.

Otras figuras públicas contra las que hay solicitudes son el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo. Tales peticiones serán revisadas, señaló Barrera.

"Se confirma la venganza política"

Mariana Moguel, hija de la exfuncionaria, señaló que con esta decisión "fast-track" que podría llevar a Rosario Robles a juicio político "se confirma la venganza política".

"Sin una condena judicial de por medio, la Cámara de Diputados ya emitió una sentencia, porque hay quien la quiere fuera del mapa político", acusó la exdirigente del PRI capitalino en su cuenta de Twitter.

Con esta postura coincidió la defensa legal de Robles Berlanga, a cargo del Bufete Hernández Barros, que a través de un comunicado refirió que ya no basta con "mantenerla arbitrariamente en prisión", sino que se pretende "consumar la venganza política por parte de los tres poderes del Estado".

Muestra de ello, señalaron los abogados de la exsecretaria de Estado, es que que mientras los diputados deciden iniciar un juicio político para Robles, postergaron el proceso contra los legisladores de Baja California que, en "flagrante violación a la Constitución", ampliaron el mandato del hoy gobernador Jaime Bonilla.