CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La bancada del PRI en la Cámara de Diputados pidió sancionar a los responsables de utilizar las páginas oficiales y las redes sociales del Gobierno y de las secretarías de Estado que llevaron a cabo la promoción personal del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mediante un comunicado de prensa, los legisladores priistas dijeron que esto podría constituir un delito y pidieron que la Cámara baja exhorte al Ejecutivo Federal a no hacer de la estrategia de comunicación social e información institucional, una vía para promover la imagen personal del presidente.
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“Se deben emprender las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho proceden para sancionar a los servidores públicos que por acción u omisión participaron en estos sucesos, ya que se deja un precedente negativo en la utilización de los recursos públicos con los que cuenta la actual administración federal”, se lee en el comunicado.
La bancada tricolor cito dos “casos documentados” donde dependencias de Gobierno lanzaron mensajes en las cuentas institucionales, solicitando el apoyo al presidente López Obrador.
Por ejemplo, los priistas recordaron que el 9 de enero pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó su cuenta oficial de Twitter el texto “Por el bien de México, no al huachicoleo” y una imagen con el logotipo del Gobierno de México y el Escudo Nacional y la leyenda “apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Lo sabía. Sabía que lo iban a borrar. Oye, @SRE_mx, se te perdió un tuit que entra en conflicto con la Constitución. Te lo regreso. pic.twitter.com/yg9H1qMm0a
— ;ene, voz libre 🧐 (@yosoyene) January 11, 2019
Por su parte, refirieron, la Secretaría de Economía mandó un tuit similar pidiendo el apoyo al presidente López Obrador.
Los legisladores priistas señalaron que estos hechos representan una violación a la Constitución Política, la cual señala que la propaganda de los poderes públicos debe tener carácter institucional.
Asimismo, sugirieron que puede constituir un delito, “por el posible desvío de recursos públicos”.
