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¿Cómo tener vialidades seguras? En la Cámara, diputados buscan el camino

En este periodo, la Comisión de Desarrollo Metropolitano trabaja en una Ley General de Seguridad Vial que ayude a reducir los accidentes y a que los ciudadanos se movilicen sin riesgos.
Tránsito
Crecimiento urbano. Organizaciones civiles y expertos advierten del crecimiento de las ciudades en México, medido en términos de población y del parque vehicular.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La Cámara de Diputados analiza en este periodo una propuesta de legislación que, a decir de las organizaciones civiles que la promueven, busca atender un problema “silencioso” pero que cuesta miles de vidas y millonarios daños materiales cada año: los accidentes de tránsito.

Se trata de una iniciativa para crear la Ley General de Seguridad Vial, cuyo principal objetivo —insisten sus promotores— es reducir el número de muertes y lesiones graves derivadas de estos siniestros.

Pilar Lozano McDonald, diputada de Movimiento Ciudadano (MC) y presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, señala en entrevista que es una propuesta fundamental, pues busca evitar que diariamente alrededor de 44 personas mueran en el país a raíz de accidentes, como sucede en la actualidad.

La iniciativa no solo es analizada por legisladores, sino también por expertos convocados a ocho foros en diferentes estados de la República.

“Todos vivimos la ciudad, ya sea como peatón, como ciclista, como motociclista, como conductor de un automóvil, como usuario de transporte, pero debemos encontrar la manera de salvar las vidas”, dice Lozano.

Ve: Las ciudades de México quedan a deber en transporte público

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Por ahora, según la legisladora, la comisión enfrenta el reto de elaborar una legislación general que a la vez sea “realmente fuerte o sólida” sin llegar a convertirse en “una camisa de fuerza” para los gobiernos locales, cada uno de los cuales tiene desafíos particulares en materia vial. Para ello, se busca que el dictamen que eventualmente llegue al pleno de San Lázaro tenga mínimos irreductibles acordes con lineamientos de la ONU.

¿Y el dinero?

En el análisis de la ley, reconoce Lozano, los legisladores han coincidido en que esta norma no logrará tener efectos si no se garantiza que haya fondos para que se ejecuten las acciones que contemple. Ese es un aspecto fundamental, subraya.

Al respecto, considera que el tema de la seguridad vial no ha sido prioridad para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no se encuentra en sus planes de desarrollo ni tiene presupuesto suficiente para 2019.

“Si no hay recursos para mejorar o crear infraestructura, de nada nos va a servir. La verdad es algo que me preocupa bastante, de nada nos va a servir esta ley general si no tenemos la infraestructura adecuada, si no creamos los cruces peatonales seguros, las ciclovías, etcétera”, dice.

Para financiar proyectos viales, en 2006 se creó el Fondo Metropolitano, el cual se integra con recursos federales que se entregan a los gobiernos locales para que realicen proyectos que concursan para solucionar problemas específicos.

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¿Cuáles son los problemas del fondo?

En su origen, el Fondo Metropolitano solamente otorgó recursos a la Zona Metropolitana del Valle de México, pero en los ejercicios fiscales siguientes fue creciendo el número de zonas metropolitanas atendidas.

Sin embargo, dice Lozano, ha habido un problema en su operación: no cuenta con reglas claras que definan puntualmente qué proyectos serán beneficiados y en qué medida, lo que permite que los fondos se ejerzan de manera discrecional.

“La verdad es que si tú te metes a internet y buscas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los lineamientos son bastante ambiguos; por lo mismo es que yo digo que estaban a discrecionalidad y se los repartían a discrecionalidad”, advierte.

El último dato disponible indica que el Fondo Metropolitano tuvo 3,268.69 millones de pesos, de los cuales la Comisión de Desarrollo Metropolitano únicamente tiene información de cómo se ejercieron alrededor de 1,500 millones.

¿Qué es lo mínimo que debe contemplar la ley?

La iniciativa bajo análisis plantea los siguientes puntos indispensables, que buscan impactar a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal):

  • Generar un Sistema Nacional de Seguridad Vial que permita la implementación coordinada de políticas públicas, tanto de la Federación como de los estados y los municipios.
  • Crear un fondo para la seguridad vial, al cual puedan tener acceso distintos niveles de gobierno para promover acciones sobre este tema.
  • Actualizar el registro público vehicular y promover la creación de un registro nacional de licencias de conducir.
  • Que los gobiernos promuevan el uso de vehículos más seguros, que cumplan con las normas establecidas por las autoridades competentes.

Lozano dice que el plan de la comisión es que el dictamen esté listo en este periodo ordinario de sesiones, es decir, a más tardar el 30 de abril.

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