Morena propone que el "chapulineo fifí" se permita hasta después de 10 años
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El grupo parlamentario de Morena en el Senado hizo eco del planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y propuso extender a diez años la prohibición para que los servidores públicos de áreas consideradas estratégicas puedan ser contratados por una empresa privada tras dejar el cargo.
La iniciativa plantea sancionar al funcionario que proporcione información privilegiada para obtener cualquier ventaja para sí o para terceros con quienes tenga relaciones profesionales, laborales o de negocio, así como al particular que lo contrate.
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La iniciativa que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue presentada por el senador Salomón Jara Cruz, de Morena, quien afirmó que la propuesta no pretende limitar el derecho al ejercicio profesional, sino garantizar que ciertos exservidores públicos no se ubiquen en una posición de ventaja.
El martes pasado, López Obrador adelantó que se haría un ajuste a la ley para que en un plazo de 10 años los funcionarios de gobierno no puedan ocupar cargos en el sector privado. “(Son) chapulines fifís, chapulines conservadores, brincan a trabajar en las empresas relacionadas con ellos", dijo en esa ocasión.
Un día antes, el 11 de febrero, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, acusó a nueve exservidores públicos del sector energético de obtener beneficios por contratarse en el sector privado, luego de desempeñarse en el gobierno.
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¿Qué plantea la iniciativa?
En la exposición de motivos de la iniciativa se considera indispensable “identificar y atacar los riesgos que atentan contra la ética” en las relaciones entre el sector público y el sector privado, así como en el ciclo de elaboración de políticas públicas.
En el artículo 55 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya se prohíbe la utilización indebida de información con la cual un servidor público pudiera sacar ventaja o beneficio privado.
La iniciativa propone reformar al artículo 56 para extender a 10 años el plazo en que un servidor público se haya retirado del cargo, para que pueda usar el conocimiento adquirido con motivo de sus funciones, con fines profesionales, laborales o de negocio.
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Asimismo, plantea reformar el artículo 72 para extender la sanción al particular responsable de la contratación indebida de exservidores públicos que posea información privilegiada que coloque al contratante en una situación ventajosa frente a sus competidores o para que se beneficie en el mercado.
En este supuesto también será sancionado el exservidor público contratado.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda.
