Gobierno protegerá a “alertadores ciudadanos” que denuncien corrupción
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) ofrecerá protección legal a servidores públicos del gobierno federal que denuncien, de forma pública o anónima, a otros funcionarios y empresarios corruptos, informó su titular, Irma Eréndira Sandoval, a senadores este viernes.
En su primera reunión de trabajo con la Comisión de Gobernación y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Sandoval Ballesteros explicó que esa protección es uno de cinco ejes de acción la SFP para combatir la corrupción.
Detalló que la figura de “alertadores ciudadanos internos” (whistleblowers, como se les conoce en inglés) es una de las mejores prácticas a nivel internacional para combatir la corrupción.
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“Los llamados whistleblowers, es decir el que sopla el silbato, el que da el toque de alerta, nosotros los hemos bautizado como 'alertadores internos ciudadanos'. Van a tener en esta Secretaría de la Función Pública la normatividad necesaria para apoyarnos en el combate a la corrupción”, afirmó la funcionaria.
La secretaria reconoció que además deben fortalecerse la denuncia ciudadana y ampliarse los medios de denuncia, ya que son los propios servidores públicos y los ciudadanos en general quienes conocen realmente el modus operandi de la corrupción en la administración pública.
Actualmente, dijo, es muy común que los servidores públicos que se atreven a denunciar casos de corrupción interna pierdan su empleo o sean acosados de distintas formas.
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Ante los senadores de ambas comisiones, Sandoval detalló los cinco ejes de acción de la SFP:
1. Ciudadanización del combate a la corrupción y la impunidad: impulsar denuncia ciudadana.
2. Democratizar las tecnologías: acercar la información pública a la ciudadanía.
3. Protección a los alertadores internos: protección a denunciantes internos.
4. Servicio profesional de carrera: valorar el mérito, honestidad, trabajo, con perspectiva de género.
5. Austeridad republicana, fiscalización y evaluación inmediata: auditorías de desempeño.
La secretaria informó que solo 900 de casi 100,000 denuncias presentadas contra servidores públicos en 2018 terminaron en sanción.
Reveló que, al llegar a su oficina, encontró un alto grado de sobreseimiento de las denuncias presentadas y un número mínimo de sanciones, por lo que ofreció trabajar de forma coordinada para evitar que las denuncias de corrupción se queden en el limbo.
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