El Senado aprueba cambios a Ley de Administración Pública; regresa a diputados
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Tras un debate de 11 horas y media, el Senado aprobó en lo particular los artículos modificados de la minuta por la que se reforma la Ley de la Administración Pública Federal, la cual regresará a la Cámara de Diputados.
Uno de los cambios más importantes fue el propuesto por el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien planteó eliminar la fracción octava del artículo 27 de la Ley, para quitar la facultad de la Secretaría de Gobernación para “proveer el servicio de radiodifusión púbica digital a nivel nacional”.
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También se aprobó la propuesta para establecer en el artículo 8 que sea el presidente de República, y no la Oficina de la Presidencia, quien cuente con las unidades de apoyo técnico y estructura.
Además, se estableció que la Secretaría de Energía (Sener) deberá coordinarse con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para determinar las tarifas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue aprobada por el voto unánime de los senadores.
De esta forma se pretende eliminar la discrecionalidad con las cuales la actualmente la CRE y la CFE fijan las tarifas eléctricas, basándose en la generación, transmisión y distribución de la electricidad, lo que ha provocado que estas sean muy altas en algunas regiones del país.
“Órganos autónomos sí, pero el objeto de todos los órganos, de todas las instituciones del gobierno, es procurar el bien de la sociedad, y hoy no le hace bien que nadie pueda decir con certeza cómo, cuánto, cuándo pueden aplicarse las tarifas del servicio eléctrico”, dijo el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, promovente de la reforma.
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Asimismo, se aprobó eliminar el párrafo que faculta a los órganos internos de control a revisar la deuda pública, misma que fue aprobada por la Asamblea.
Se planteó también que la Secretaría de Gobernación pueda formular y coordinar la política de prevención social del delito, la cultura de paz y de la legalidad, mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad.
La minuta con modificaciones se envió a la Cámara de Diputados, la cual deberá analizar si avala los cambios referidos o no.
Los puntos clave
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La reforma a la ley implicaría crear una Secretaría de Seguridad, cambiar el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a Secretaría de Bienestar, dar más facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y establecer la figura de los delegados del gobierno federal en los estados.
Uno de los temas que más polémica causaron durante el debate en lo general fue, justamente, la creación de los llamados “superdelegados”, que se prevé estén encargados de vigilar los programas prioritarios del gobierno de López Obrador.
El PRI afirmó que estos coordinadores, a pesar de tener una personalidad de carácter administrativo, debilitarán las facultades de los gobernadores, ya que de ellos dependerá el ejercicio de recursos políticos y económicos.
“Los denominados superdelegados, virreyes, vicegobernadores, no son más que instrumentos de control político y económico. Como lo decía el senador presidente de la Comisión de Gobernación: ahora ya queda claro quiénes quieren administrar el hambre con fines electorales”, afirmó la priista Claudia Anaya.
La bancada del PAN advirtió que presentará una acción de inconstitucionalidad para eliminar la figura de los “superdelegados”, a fin de defender el respeto al federalismo mexicano y la autonomía de los estados.
“¿No es evidente también la intención de esta próxima administración de crear esta figura para tener un control político sobre cada uno de los gobiernos locales?”, cuestionó la panista Indira Rosales San Román.
En respuesta, la senadora de Morena Antares Guadalupe Vázquez reprochó al PRI y al PAN que estén en contra de la creación de estos coordinadores, cuando han sido estos partidos los que, dijo, han solapado el control político de los gobernadores y han usado los programas sociales con fines clientelares.
“Esto es hipocresía y es una retórica que ha sido consistente. ¿Por qué se oponen a los delegados? Porque entonces los gobernadores dejan de tener mano (...) A eso es a lo que le temen, que ya no van a tener el control de los delegados”, consideró.
