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Las claves de la propuesta de Ley de Inquilinos y de la polémica que causó

La iniciativa buscaba evitar la expulsión de inquilinos que no puedan pagar su renta por la pérdida de ingresos derivada del COVID-19. El sector inmobiliario ve una amenaza a la propiedad privada.
mar 21 julio 2020 12:15 PM
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La iniciativa, señalan sus promotoras, busca proteger a las personas cuyos ingresos se vean afectados por una emergencia como la causada por el COVID-19.

La reforma al Código Civil de la Ciudad de México conocida como Ley de Inquilinos, que buscaba evitar la expulsión de quienes se queden sin la posibilidad de cubrir la renta durante la epidemia de COVID-19, ha sido frenada por las propias legisladoras que la propusieron ante el Congreso local.

Las diputadas Martha Ávila y Valentina Batres, de Morena, argumentaron en un comunicado que “se requiere ampliar el periodo de discusión”, con el fin de analizar la iniciativa entregada por organizaciones sociales y motivo de polémica entre legisladores de oposición, desarrolladores inmobiliarios y arrendadores.

“Un tema tan polémico no puede ser resuelto de manera apresurada, que se requiere tiempo y, sobre todo, participación social, porque, de lo contrario, se correría el riesgo de excluir a los sectores sociales involucrados”, señalaron este fin de semana.

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Apenas días antes, la diputada Ávila había considerado la aprobación de esta reforma como una prioridad.

“Son tiempos que urgen, estamos a mitad de julio y en septiembre comenzaríamos el periodo ordinario. Apenas llegó a la Comisión de Procuración de Justicia, donde ya se retomó, no se dejó pasar el tiempo”, dijo la coordinadora de Morena en entrevista con Expansión Política el 13 de julio, y consideró que para finales de agosto podría realizarse un periodo extraordinario para tocar el tema.

Durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, en la capital se han perdido al menos 197,000 empleos, según la última cifra dada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el 13 de junio.

A esto se suma que los trabajadores informales, como vendedores ambulantes o boleros —alrededor de 1.9 millones de personas de la Población Económicamente Activa (PEA)—, han sufrido pérdidas económicas por la limitación a las actividades en espacios públicos y comercios.

Estos factores, así como el hecho de que alrededor de 25% de las viviendas en la CDMX son de arrendamiento —unas 700,000—, llevaron a los impulsores de la iniciativa a proponer medidas que ayuden a quienes pagan una renta y ahora han visto afectados sus ingresos.

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¿Qué plantea la iniciativa?

La propuesta plantea que ante una emergencia nacional que paralice la economía, como la causada por el COVID-19 o por desastres naturales, el arrendatario que no pueda pagar su renta pueda solicitar la renegociación temporal o definitiva de su contrato, según lo descrito en el artículo 2431 Bis.

También se contempla, según el artículo 2398, que el contrato pueda darse de forma verbal o escrita y deba durar al menos tres años, salvo que el arrendatario solicite algo distinto.

En el artículo 2406, se plantea impedir que los inquilinos que no tengan un contrato escrito puedan ser desalojados en caso de una emergencia, incluso si incumplen con el pago de la renta. Igualmente, se propone que el arrendador pierda el derecho a conservar el depósito si termina el contrato de forma anticipada.

Además, en el artículo 2425 Bis se perfila que el arrendatario tenga derechos como:

  • Que no se le exija más de un mes de anticipo.
  • Que no se le solicite fianza o algún tipo de propiedad inmueble como garantía.
  • No ser víctima de desocupaciones arbitrarias, ilegales o forzosas.
  • En caso de desalojo, ser notificado al menos dos meses antes.
  • Si es una persona vulnerable (con discapacidad, migrante, indígena o mujer embarazada), contar con la presencia de personal de las instituciones capacitadas para darle apoyo.
  • Ante un desalojo, poder acceder a refugios temporales y solicitar su incorporación en programas de vivienda.
  • Acceder a los mecanismos de solución de controversias cuando se requiera un replanteamiento de las condiciones del contrato.
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¿Por qué la iniciativa ha generado polémica?

La iniciativa desató de inmediato opiniones en contra, tanto de diputados de oposición como del sector inmobiliario y arrendatarios.

Para la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), las medidas planteadas solo favorecen a los arrendadores y desincentivan la inversión privada de vivienda en renta.

“Las medidas inmediatas que se pretenden tomar para garantizar el derecho a la vivienda son excesivas e ilegales”, advirtió en un comunicado el presidente de la AMPI en la CDMX, Salvador Sacal.

“Esta iniciativa viola el principio de no retroactividad, limita la libertad sobre la propiedad privada, la obligación de vivienda adecuada es del Estado, no de los particulares”, agregó.

Diego Garrido, diputado del PAN, consideró que la reforma sería una forma de facilitar el despojo por grupos de paracaidistas y que tiene fines electorales ante las votaciones de 2021.

“Es total y completamente violatoria de nuestra Constitución porque pretende quitarle sin derecho, sin argumento alguno, la propiedad a alguien para, sin pago alguno y sin orden judicial, dárselo a otro”, sostuvo durante la reunión de la Comisión Permanente del Congreso local realizada el 15 de julio.

“Esto evidentemente está generando la posibilidad de que invasores entren a los predios y con ese argumento digan: ‘No hay contrato por escrito; entonces, no me puedes desalojar’”, agregó.

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También Jorge Gaviño, vicecoordinador del PRD, criticó la propuesta. Para el legislador, esta traslada la responsabilidad sobre el derecho a la vivienda del Estado a los particulares, cuando el gobierno capitalino no ha dado apoyos para rentas y ha considerado inviables otras ideas como la del ingreso mínimo vital.

“¿Cómo vamos a garantizar los derechos humanos de los individuos si no está el gobierno? ¿O le vamos a cargar que se cumplan los derechos humanos al particular sin la intervención del Estado?”, cuestionó.

En respuesta, la diputada Martha Ávila señaló que el propósito de la iniciativa es garantizar la vivienda durante una crisis, a través de garantizar los derechos del arrendatario y de dar un marco legal para la conciliación.

“Si en una situación de emergencia se le bajan hasta al 50% sus sueldos a muchos ciudadanos, también tendría que haber una baja en la renta, pero siempre a partir de un acuerdo mutuo”, argumentó la legisladora.

“Esta iniciativa no ataca la propiedad privada, como lo han estado señalando diversas voces; más bien, refuerza la garantía jurídica para los inquilinos que no cuentan con un contrato donde existe una condición de inequidad, porque en cualquier momento te sacan”, añadió.

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